La importancia de acatar las leyes

La creciente inseguridad con la que los integrantes de la comunidad están acostumbrándose a vivir desde hace ya varios años impulsó la sanción de leyes y de ordenanzas que se pensaron para atenuar o minimizar los efectos de la falta de garantías en la que se siente inmerso el ciudadano común. En nuestra provincia se dispuso la limitación del horario para las fiestas públicas a las 4 de la madrugada con la intención de que la gran mayoría de los jóvenes regrese a sus hogares y no se vea expuesta a los peligros que se asocian generalmente con la oscuridad de la noche o las primeras horas de la madrugada. Se decidió también intensificar los controles para limitar la ingesta de alcohol y para hacer cumplir las leyes que prohíben la venta de ese tipo de bebidas a los menores de edad.
Sin embargo, el grueso de los jóvenes y adolescentes manifestó desde el primer momento una cerrada oposición a este tipo de disposiciones; y, como suele ocurrir cuando una norma choca contra costumbres fuertemente arraigadas, comenzaron a surgir alternativas para burlarlas. Así nacieron las “fiestas privadas”, reuniones más o menos clandestinas a las que se convoca mediante correos electrónicos o mensajes telefónicos, en las que se paga entrada y que generalmente se realizan en casas de familia o en locales que no están específicamente habilitados para albergar reuniones de esta naturaleza.
Los organismos de control realizan inspecciones y en algunos casos proceden a la clausura de los locales en los que se están realizando las fiestas, y secuestran los equipos de sonido y las bebidas que encuentran en el lugar. Estos operativos están a cargo de efectivos policiales y en ellos, una escribana realiza las actuaciones correspondientes para certificar los detalles del procedimiento. Es en estas ocasiones en las que se han comenzado a registrar fuertes discusiones y hasta hechos de violencia entre los policías y los jóvenes que se niegan a que se lleve adelante el operativo.
Resulta altamente preocupante que en un creciente número de jóvenes encarne la idea de que ciertas leyes pueden ser burladas sin mayores consecuencias. El espíritu naturalmente rebelde de quienes transitan por las primeras etapas de sus vidas los lleva a reaccionar con vehemencia ante lo que consideran una injusticia. Pero ese sentimiento de ninguna manera debe traducirse en un comportamiento al margen de las normas. Si estas no sirven para el fin con el que fueron concebidas corresponde emplear todos los esfuerzos necesarios para enmendarlas; pero mientras estén en vigencia, deben ser acatadas.
Una sociedad organizada necesita reglas claras y con vigencia sobre todos sus integrantes si es que pretende desarrollarse armónicamente. La forma democrática de gobierno asegura, a través del funcionamiento pleno de los tres poderes que le dan sentido al sistema republicano que ha adoptado a través de la Constitución, que nadie imponga sus derechos por sobre los de sus conciudadanos. Las leyes deben apuntar al bien común y subordinar a ese principio rector las apetencias particulares de cualquier individuo o sector de la sociedad; si no lo hacen, deben ser revisadas y perfeccionadas a través de los mecanismos constitucionalmente fijados a tal efecto. Sólo en el acatamiento celoso de las disposiciones legales en vigencia encontrarán los miembros de la comunidad el orden y la equidad sin los cuales el desarrollo armónico del cuerpo social se transforma en un objetivo inalcanzable.