Algunos principios de calidad institucional
Las dudas de Juan Manzur se vinculan con su nivel de subordinación de José Alperovich. El diálogo con la posibilidad de incidir en las decisiones finales es una deuda existente. Por Fabio Ariel Ladetto - Redacción LA GACETA.
02 Enero 2008 Seguir en 
En el tiempo del verano, los calores alteran ánimos e ideas. La disciplina dentro del oficialismo en la Legislatura se mantiene con cada vez mayores dificultades, producto de intereses personales y problemas de identidad grupal. No todos son lo mismo, piensan igual, tienen las mismas necesidades ni buscan el mismo camino para alcanzar los objetivos. Esta descripción alcanza, tal vez con mayor profundidad aún, a una oposición dispersa, tanto de los partidos formales como de los colectivos sociales que cuestionan decisiones tomadas desde el poder.Por ahora, esos malestares no agitaron el sueño del vicegobernador Juan Manzur. El presidente de la Legislatura pivoteó sus primeros dos meses con comodidad y mostrando su sometimiento a José Alperovich, cuya palabra es tratada como la de un potencial semidios. Sin embargo, no todo se puede ni debe justificar en los mandatos llegados desde arriba, menos todavía cuando ese lugar no es el cielo bíblico sino un simple escalón más en la jerarquía de cargos del Poder Ejecutivo, estructura profana, pagana, propia de los mortales.
En una entrevista publicada en LA GACETA del lunes, Manzur relativiza la calidad institucional como si fuese una cuestión de definiciones de diccionario y no una necesidad imperiosa para evolucionar como sociedad políticamente organizada desde lo práctico, no desde la teoría.
Manzur se reivindica como un amante del diálogo, pero parece que sólo lo tiene con el gobernador, al ritmo de cinco veces por día cuando su conductor está en Punta del Este, según confesó. Pero es el hablar con todos, propios y extraños, con la posibilidad de que el aporte de cada uno sea atendido en la decisión final, lo que muestra calidad institucional.
A diferencia de ello, el margen está ahora acotado a su mínima expresión. Un ejemplo reciente del panorama de avanzar de modo inconsulto fue la decisión de desproteger inmuebles centenarios en manos del Estado, para que sean vendidos a inversores privados. Manzur dice que respeta a la oposición y asegura que se le gana en el debate de alternativas, cuando en el fondo debe reconocer que no se discute ninguna. Ya no con los miembros de las otras bancadas: ese análisis de las opciones no tiene lugar entre los propios oficialistas. La medida tomada en la Casa de Gobierno incomodó a muchos de los legisladores alperovichistas, cuyas sugerencias de cambios no fueron atendidas. Por el contrario, se los forzó a impulsarla y a votarla como muestra de obediencia a las órdenes superiores. Este verticalismo, ya adelantaron varios, puede tener poco tiempo de vida. Respetar el horizontalismo a la hora de tomar decisiones es calidad institucional.
Desde otros tiempos
La práctica del acatamiento silencioso no es nueva. En la anterior conformación legislativa, el oficialismo quedó fracturado entre alperovichistas y juristas cuando se trató una ley sobre el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. La basura era sólo una excusa: el objetivo era saber quién estaba de cada lado. Lo grave es que, para conocerlo, se juega con los poderes del Estado y con su división. Preservarlos para que se desempeñen con autonomía en su ámbito de actuación es calidad institucional.
Días pasados, el legislador ultraoficialista José Gutiérrez reconoció que en el predio de la Secretaría de Educación se van a levantar cuatro torres de edificios de departamentos y locales comerciales, novedad que no era conocida. La publicidad de los proyectos de Gobierno y su análisis con los sectores directamente involucrados con el futuro (como ser los vecinos del barrio, quienes, por ejemplo, pueden preferir una plaza) es calidad institucional.
La falta de pronunciamiento de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural sobre la disponibilidad de los edificios afectados, cuyo dictamen es vinculante según su ley de creación, es otro punto preocupante. Las normas deben ser cumplidas gusten o no: eso indica calidad institucional.
Desde otros lados
No toda la responsabilidad es de quienes integran la mayoría circunstancial en un determinado período de Gobierno; por el contrario, también a la oposición partidaria le compete apostar con seriedad al mejoramiento global, con ideas y opciones, aun en caso de que nunca sean escuchadas o atendidas. Ese abanico implica calidad institucional.
A quienes disienten en temas puntuales, como es el caso de los inmuebles de valor arquitectónico o histórico que ahora podrán ser vendidos, les toca también su parte: focalizar el reclamo; transcurrir por los carriles democráticos; fomentar o admitir invitaciones al diálogo; reconocerse como sujetos política e ideológicamente activos (lo que no indica necesariamente una pertenencia partidaria) y trazarse estrategias es apostar a la calidad institucional.
Un Estado, una Provincia, se construye a partir de las conclusiones colectivas, con la consigna de que ellas sean lo más inclusivas posible. El nivel alcanzado es la calidad institucional existente. Esa marca no depende sólo de quien posee el lápiz, aunque sea el que más responsabilidad tiene.







