La agenda nacional para 2008

La comunidad nacional recibe al año nuevo bajo los efectos de una variedad de problemas por resolver a corto y mediano plazo, pero muy diferentes de los que originaron la gravísima crisis de hace un lustro, rebelándola contra sus decadentes dirigencias públicas. Una revolución sin soluciones con la única consigna: que se vayan todos; imposible de cumplir, pero laboriosamente superada para salir del colapso del Estado. Han sido tiempos difíciles y polémicos los de un gobierno, el de Néstor Kirchner, que asumió el poder con un respaldo electoral sin precedentes por la escasa adhesión, y que debió apelar en consecuencia a una gestión con reducido nivel institucional. Circunstancia que por sí mismo reconoció definiéndola como el infierno. Los efectos esenciales de ese atajo histórico no se hicieron esperar: recuperación sostenida de la economía y descenso del desempleo y de la pobreza. A cambio de esa política imperativa, se produjo una pérdida de la calidad institucional, incrementada por efecto de los buenos resultados recuperativos y que se convirtió en un sistema de gestión hiperpresidencialista de superpoderes y delegaciones del Congreso, manifiestamente contradictorio con el espíritu de la Constitución.
Advertido de la nueva realidad, fue el propio presidente Kirchner quien manifestó en más de una ocasión, tras nominar a su esposa como candidata para sucederlo, que esa sucesión significaría mayor institucionalidad, reconociendo así la gran demanda pendiente de normalizar el sistema republicano, recuperando la confianza en el país y la seguridad jurídica. Se trató sin duda del más severo compromiso que Cristina Fernández de Kirchner asumió en su mensaje de investidura y el mismo no sólo comprende renunciar a facultades excepcionales conferidas por otros poderes, cuyo ejercicio carece de control fácticamente, con el consecuente estilo de gestión abusiva. Entre ellos, la redistribución de las asignaciones del presupuesto anual sancionado por el Congreso, por el jefe del Gabinete de Ministros, lo que hace de la “ley de leyes” poco más que una hipótesis contable. Un acto desconcertante de la Presidenta a poco de asumir fue solicitar al Parlamento otra nueva prórroga anual de la ley de emergencia económica que desde 2002 se ha venido revalidando anualmente, lo cual apunta en dirección contraria a la prometida calidad institucional.
Mayor calidad institucional implica igualmente recomponer el federalismo en crisis, restableciendo en plenitud el sistema de coparticipación de impuestos entre la Nación y las provincias, cuya reforma fue dispuesta por los constituyentes en 1994, pero no sólo no se hizo, sino que fueron reduciéndose las autonomías financieras. Hasta el punto que dos de cada tres provincias son financiadas por el poder central por más del 70%. Tras esa gran operación se oculta el modelo de cooptación de la Casa Rosada que suma a su causa política gobiernos opositores de origen. La suma de realidades que demanda la plena normalización institucional es tan considerable que sería utópico pretender una decisión magna que le pusiera fin, recuperando el ejercicio democrático. Pero 2008 debería ser el año que, a poco del segundo centenario de la Nación, marcase ese hito histórico renovador. La República de la Organización Nacional es el modelo perenne y esta es la ocasión para comenzar a retomarlo, reconciliando a la sociedad en la gran causa común de sumar nuevamente al país como reconocido ejemplo entre las comunidades del mundo libre y progresista.