Ilusiones y realidades

La finalización de 2007 muestra al Gobierno en el centro del ring. José Alperovich descargó en Juan Luis Manzur la responsabilidad de pilotear el barco en los días postreros del año, y la nave no sufrió varaduras. El vice sustituyó al gobernador y no se alteraron los planes oficiales. La mejor prueba de sintonía entre ambas figuras en el plazo más reciente fue la promulgación por parte de Manzur -en ausencia del titular del Ejecutivo- de la ley que modifica el sistema de pago de los bonos profesionales de los abogados. El ex ministro que hoy gobierna transitoriamente Tucumán aceptó que hay todavía asuntos sin resolver, en aparente contradicción con el entusiasmo que embarga a Alperovich, para quien todo está bien.
Por la controvertida ley, que impactará en plenitud desde el 1 de febrero, los letrados deberán pagar todos los bonos de una sola vez, cuando se haya dictado sentencia. El Colegio de Abogados reaccionó y acusó al Gobierno de provocar su desfinanciación. La dirigencia de la institución sospecha que la ley es una pieza más del operativo implementado para destruirla.
En el pico más agudo del conflicto que enfrenta al gobernador con los letrados, llegó a intervenir Leandro Despouy, relator mediador para la independencia de los jueces y abogados de la ONU, en 2006. Fue cuando el Poder Ejecutivo pretendía que el manejo de la matrícula profesional pasara del Colegio de Abogados a la Corte Suprema de Justicia. Esta rechazó esa posibilidad por considerar que no estaba en condiciones de asumir esta función.
Al igual que entonces, la hostilidad de los letrados hacia aspectos medulares de la reforma constitucional de 2006 emerge claramente como posible causal del malestar alperovichista.
La magnitud del entredicho se hace evidente cuando se repara en que están sujetos a revisión judicial el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y el sistema de reformas constitucionales por enmiendas. Este conjunto de disposiciones estructura el corazón del régimen alperovichista y le garantiza el control político sobre el Poder Judicial, además de habilitarle un cauce para que la mayoría oficialista en la Cámara pueda modificar la Constitución de modo arbitrario. El problema se transfiere para 2008, año en el que no habrá elecciones, pero que será la antesala para los experimentos de 2009. En el medio estará la jubilación de los jueces, que la Casa de Gobierno aguarda con expectación. No es para menos, ya que sueña con una mutación generacional honda.
Como están dadas las cosas, el aterrizaje de amigos del poder político en la judicatura es una cuestión de tiempo. La sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo fallará en algún momento del año que principiará el martes, pero la causa terminará yendo a la propia Corte.
El pleito, por sus aristas, envuelve no sólo el mundo judicial sino también al cívico. Se definirá el perfil de la independencia de la Justicia frente a los poderes políticos, que tienden a desbordar sus esferas.

Labores de ablande
Las protestas gremiales se bajaron de la escena. El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, dialogó y tejió pacientemente alianzas con distintas facciones del campo sindical. Pacificar el ambiente político sin que las cuentas fiscales se salgan de madre es la brújula que orienta al actual secretario general del Partido Justicialista.
Jiménez consiguió finalmente aislar a los contestatarios de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Estos abrieron un compás de espera, pero el ministro político plantea que debe darse vuelta la página en la relación con los piqueteros de Vicente Ruiz. "No hay que retroceder", afirmó ante sus colaboradores.
Los cortes de ruta y otras formas de obstrucción de la vía pública pertenecen a épocas de turbulencias más compatibles con la crisis que desató la devaluación del 40%. La CCC reclama nombramientos masivos en las comunas y más planes sociales, a lo que se opone la Casa de Gobierno. De todos modos, Jesús Pellasio (CGT Regional) se acercó hasta la vigilia navideña que se llevó a cabo en la plaza Independencia para borrar la impresión de que había abandonado a sus aliados tras haber pactado con el ministro, que también se relaciona con las organizaciones empresarias del campo y del comercio.
La ministra de Educación, Silvia Rojkés de Temkin, hizo gala de gimnasia política: recibió a representantes de organizaciones docentes rebeldes, como Sadop y UDT, sin marginar a la directiva aliada de Atep. Esos gestos dibujan la imagen de la funcionaria y sus movimientos en una zona que es fronteriza con los manejos propios del Ministerio de Gobierno. A este se le delegó la misión de urdir alianzas en el resbaladizo terreno que pisan las agremiaciones laborales.
Justamente, en Atep se incuba una lista que anhela competir con el casi sempiterno liderazgo de César Américo Zelarayán. La docente Rita Comolli es alentada en su emprendimiento por activistas políticos y sindicales, que quieren cambiarle la cara al gremio que permaneció alineado con las administraciones de Julio Miranda y de Alperovich. La lucha por el poder en el mundo laboral no reconoce pausas ni lealtades permanentes.

Rebrotes de malestar
Las ondas sísmicas, por cierto, no amenazan el edificio alperovichista. La oposición admite esa realidad, pero se ilusiona con el incipiente rebrote de descontento cívico. La fuerte revaluación inmobiliaria; los aumentos de tarifas de la luz y del agua -que llegan retrasados, por cierto- y autorización para vender inmuebles clasificados en el rubro patrimonio histórico han golpeado los ingresos y la sensibilidad de una franja imprecisa de ciudadanos. Parte de estos volvió a ganar las calles el viernes, luego de haber recurrido a internet como una de sus vías de comunicación.
En la Casa de Gobierno descreen de la persistencia del fenómeno y de su anclaje en la sociedad, a la vez que subestiman su inserción en lo electoral. Suponen que la pesadez del estío y la desmovilización que entrañan las vacaciones anestesiarán las energías refractarias a la ley que promulgó Alperovich antes de dejar Tucumán.
Sin embargo, los partidos que siguen antagonizando con el proyecto alperovichista no bajan la guardia y tratan de capitalizar el descontento social con las medidas de ajuste impositivo y tarifario. La formación de un frente multisectorial es el formato elegido para la canalización del disgusto de franjas sociales sin militancia partidaria.
Sólo una disparada sin límites de la inflación amplificará las bases del esquema de resistencia a la política económica del Gobierno provincial. La disciplina política de los legisladores alperovichistas disipa frentes de tormenta en la esfera institucional, aunque la presión que ejerce la Casa de Gobierno puede producir efectos contrarios. De la combinación entre incentivos monetarios, estímulos políticos y reconvenciones públicas dependerá que no haya sublevaciones.