Los estigmas de la imagen nacional

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos denunció ante la Corte Federal de Miami los testimonios de su indagación, sobre el caso de la valija con 790.550 dólares que el 4 de agosto último trataron de introducir ilegalmente en nuestro país Guido Alejandro Antonini Wilson y otros cuatro ciudadanos venezolanos. Lo hicieron en un avión oficialmente rentado por Claudio Uberti, titular del ente oficial de controles viales, y fueron descubiertos por personal de la Aduana del aeroparque Jorge Newbery. El vuelo había partido de Caracas y el escándalo del contrabando alcanzó una difusión que se extrema ahora con el informe del FBI ante la Fiscalía Federal del Estado de Florida.
Debe recordarse que cuando se produjo el hecho delictivo, las autoridades argentinas procedieron con lentitud, permitiendo que Antonini Wilson, ciudadano estadounidense-venezolano, pudiera ausentarse del país. La consiguiente pesquisa sobre contrabando dio lugar al correspondiente pedido de extradición a EE.UU., mas la Justicia norteamericana debió abrir su indagación del caso, dando lugar al vasto y detallado informe donde se alude a la ahora presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, como candidata electoral y presunta destinataria de aquella suma. Hasta aquí, muy sintéticamente, esa escandalosa circunstancia que ha dado la vuelta al mundo en pocas horas y en la que aparecen intereses del gobierno de Hugo Chávez.
La situación debe observarse como un hecho de extraordinaria gravedad, registrado casi inmediatamente después de la campaña electoral presidencial, en la que fue característica ineludible la violación de las normas legales específicas, mezclándose los actos y protagonistas del Gobierno con el proselitismo de la candidata oficialista. Ello implicó el uso de recursos y fondos públicos sin disimulo alguno, cuyas calidades y montos corresponde analizar a la Justicia Electoral.
Por otra parte y con un contexto internacional, un mes después del caso de la valija confiscada a Antonini Wilson, Transparencia Internacional colocó a la Argentina en su informe anual sobre corrupción en el lugar más bajo de sus indagaciones precedentes, con 2,9 puntos sobre 10 en cuanto a calidad institucional. La directora regional americana del organismo, Pfeiffer Silke, denunció entonces “el alto nivel de informalidad en la gestión pública, una baja institucionalidad, y debilidad de los entes de control”. Transparencia Internacional señaló en la misma ocasión que un puntaje inferior a 3 debe ser considerado “corrupción desenfrenada”.
El peso de los hechos sobre la imagen de la Nación es de tal naturaleza que resulta del todo ilusorio suponer que se supere por el ríspido discurso oficial de réplica, o las expresiones desaforadas de los funcionarios. Si poco o nada cambió la rotación en el gobierno, la realidad está exigiendo que se actúe con energía, y se restaure la transparencia del Estado con actos, más que con palabras.
Recomponer los órganos específicos de control público devolviéndoles sus autonomías, es deber del Gobierno y del Congreso, en tanto que la Justicia está llamada a investigar y sancionar con independencia republicana los hechos y situaciones que afectan la confianza de la sociedad en sus administradores.
Esta es la gran demanda pública, el auténtico acuerdo social que ruidosamente se invoca y en el que, en definitiva, lo que está en juego es limpiar con energía la imagen argentina que, desde hace demasiado tiempo, nos desacredita merecidamente ante la comunidad internacional.