Internas, apariencias y falta de reglas de juego

"Hablando de frases: ?No era, como se suele decir, un esclavo de su palabra. Al contrario, era el déspota de sus promesas. A tal punto que hacía con ellas lo que le daba la gana?". Juan Gelman, citando a Georg Christoph Lichtenberg, en "Nueva prosa de prensa".

A pesar de que la segunda gestión del alperovichismo ha comenzado hace apenas 44 días, ya muestra una diferencia sustancial respecto del primer mandato: ahora hay internas en el Gobierno. Probablemente, la más descarnada es la que se desató en torno del dinero de las comunas y de los municipios, administrados, a partir del 29 de octubre, por el Ministerio del Interior. Hay una cruenta lucha por espacios, que tempranamente se encargó de liquidar toda gravitación política de Sergio Mansilla (el ex secretario coordinador de esa área), a partir de oficializar, intervenciones mediante, que numerosas delegaciones rurales que él debía supervisar hicieron un carnaval con los fondos públicos.
La situación del oficialismo no se agota aquí: en rigor, es hasta el propio gobernador el que tiene internas. Una de índole familiar, que importa sólo a los fines de su repercusión estatal. Aparentemente, a partir de la designación de Silvia Rojkés de Temkin como ministra de Educación, entrará en un período de relajación. Pero hace poco tuvo un episodio de máxima tensión, cuando la funcionaria no fue electa diputada nacional. Cuando ya han transcurrido 45 días de esos comicios, aún no se entiende por qué el mandatario provincial decidió poner a Susana Díaz en segundo término y a su cuñada en el quinto y último. La parlamentaria nacional ya había sido electa legisladora provincial cuando se inscribieron las listas. Su reelección en la Cámara Baja permitió el ingreso a la Legislatura del jurista Alejandro Martínez, que no es un hombre de confianza de Casa de Gobierno. Sólo la lógica de las internas es aplicable a ese movimiento que sigue luciendo desacertado.
El alperovichismo, en definitiva, muestra flancos vulnerables. Lo cual es ciertamente paradójico, considerando que cuenta con un poder inédito, ratificado por los 520.000 votos que obtuvo el 26 de agosto. Pero, a la vez, la situación desnuda que lo que el alperovichismo no ha aprendido es a administrar el poder. De hecho, el gobernador sólo sabe concentrarlo. La Ley de Presupuesto 2008 es una muestra cabal de ello. No es un instrumento mediante el cual pueda saberse como repartió recursos (y, por ende, poder): lo único claro es que incrementa sus superpoderes para hacer y deshacer partidas. Y que él se asigna casi $ 1.200 millones para transferir a discreción.
Como el poder (y el dinero) está centralizado en lugar de estar distribuido, es lógico que surjan reyertas para conseguirlo. Frente a estas situaciones que el mandatario no puede manejar, surge su necesidad de mostrar públicamente lo contrario. Esta semana volvió a manifestar esa vocación por aparentar que todo lo controla. Y apenas volvió del exterior, dijo que ordenó que se deroguen las polémicas "Contribuciones por Mejoras" en la Municipalidad de la capital, donde él -si en esta provincia hubiera calidad institucional- no debe tener injerencia. Además, llevó adelante su ninguneo de modo tal que todo el vecindario pudiera apreciar que él -a quien su familia le sienta ministros en el gabinete-, es el mandamás de todos los intendentes.
Ahora bien, respecto del repudiado tributo municipal surgen dos aspectos. Uno es coyuntural. En este plano, la intención de cobrarles $ 850.000 a 147 vecinos por siete cuadras de pavimento, raya lo disparatado. El abuso se completaba con el monto, dado que los vecinos debían pagar entre $ 4.000 y $ 50.000 por el mentado asfalto.
El segundo aspecto es de fondo. En él se observa que no sólo es legal sino también legítimo que el municipio (claro que en condiciones razonables) quiera cobrar por las mejoras que lleva a los vecinos.
Que el deber ser esté divorciado de lo que efectivamente es, denuncia uno de los males que aqueja a la administración de la cosa pública: no hay reglas de juego.
El gobernador ensalzó la gestión municipal durante la gestión anterior, y ahora la golpeó, montándole la municipalidad paralela que es el Ente de Infraestructura Comunitaria, a cargo de media obra pública capitalina. Frente a esto, y para conseguir recursos y no perder terreno, el intendente de la capital, que hablaba en campaña de la justicia social que encarnaba la obra pública, aplica un tarifazo a los que hasta hace poco no tenían asfalto. El Ejecutivo provincial decide no cobrarles el pavimento a los vecinos de la capital pero, como denunció el legislador Ricardo Bussi, parece que hará lo contrario con los habitantes de las comunas rurales, porque en el oficialismo afirmaron que las 300 cuadras de pavimento y los 15.000 metros de cordón cuneta recientemente decretados vendrían a ser una suerte de devolución anticipada de los recursos comunales que, más que cobrar, se incautará Rentas.
Justamente, la Constitución fija la autonomía municipal pero la Legislatura avala una invitación poco gentil para que los municipios cedan el cobro de sus tributos a la Provincia. El Gobierno se dice garante de la independencia judicial, pero reformó la Carta Magna para pautar que una mayoría de políticos los designará y los removerá.
El oficialismo encomia la democracia pero reparte bolsones en los comicios provinciales. Alaba a la actual Legislatura pero reduce en $ 100 millones el presupuesto legislativo, de los que retiene para sí $ 68 millones porque el superávit general sólo es de $ 32 millones.
Y, finalmente, el mismo Gobierno que repudia el intento municipal de cobrar una tasa por mejoras urbanas, es el que sí va a recaudarlas, porque las tendrá en cuenta para revaluar las propiedades a partir las leyes que le otorgó el parlamento. Porque en esta provincia, a los beneficios primero los regalan, pero al ratito los venden. Especialmente, si pasaron las elecciones.
Qué suerte que llegó el gobernador a gritarle al intendente. Si no...