La gran misión de Cristina Fernández

Tanto por el cambio de género, que ha sido enfatizado hasta el cansancio, cuanto por la naturaleza de la sucesión familiar y directa, la investidura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner ha cobrado una trascendencia sin precedentes en la historia del sistema republicano y democrático, que supera toda otra consideración respecto de sus compromisos formales para el mandato. Su mensaje a la Asamblea Legislativa, madurada improvisación de un proyecto continuador antes que de una propuesta concreta de administración gubernamental para cuatro años, fue precedido por el juramento del cargo presidencial que, en esta oportunidad, evidenció su más absoluto deber: el del artículo 93 de la Carta Magna, donde se establece que deberá “desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación, y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina”. Todo lo demás puede ser urgente y necesario, pero es mediante esa clave ética y moral como cimienta la fortaleza de la República, cuando las soluciones dejan de ser transitorias, si no insuficientes. Es lógico entonces que la excelente oratoria de la flamante presidenta haya planteado un orden de exposición de principios cuyo primer capítulo fue su defensa de las instituciones.
“Hemos recuperado el rol constitucional que nos impone la Carta Magna”, expresó con convicción retórica, en alusión especialmente al Congreso, a escasos días de que el Senado se haya propuesto prorrogar por séptimo año la ley de emergencia económica. Un instrumento del que la Presidenta ha sido opositora en ocasiones precedentes como legisladora. En esa anunciada reconstrucción institucional no ha figurado tampoco la derogación de ninguno de los superpoderes delegados en el Ejecutivo, entre los cuales, la redistribución de asignaciones presupuestarias por el jefe del Gabinete, que se mantiene en su cargo, afecta gravemente el control parlamentario constitucional de los fondos públicos. La peculiar reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que abre paso a la sanción tácita o ficta vetada por la Constitución, de la que fue autora la ex senadora y ahora jefa del Estado, acompaña el más elevado número durante el mandato de su esposo. Algo semejante puede afirmarse del uso de recursos no presupuestarios por el Ejecutivo, que en el año actual superan los $ 26.000 millones, lo cual debe relacionarse con la carencia de un régimen actualizado de coparticipación federal, instrumento esencial del presidencialismo extremado.
La reforma del Poder Judicial ha sido sin duda un compromiso valioso de la Presidenta, cuya autoría del nuevo régimen del Consejo de la Magistratura prescindió absolutamente de la colaboración no oficialista del Parlamento y logró una gravitación significativa del Gobierno en el organismo. Por lo demás, la lenta cobertura de casi un centenar de juzgados por la demora de convalidación del poder político es otra señal que debe impulsar una nueva inquietud reformadora presidencial. Certera fue la nominación de la Corte Suprema en su recomposición, siendo de esperarse por ello que su independencia implique la aceptación por los demás poderes de las decisiones que les atañen. Muy valiosas, por cierto, fueron las reflexiones de Fernández de Kirchner sobre el estado de la educación, verdaderamente bochornoso, y su compromiso por enfrentarlo. Ello forma parte de “la nueva sociedad” propuesta pero todavía muy lejos de lograrse en virtud de las políticas de confrontación estimuladas por un crispado discurso dirigencial que en las tribunas oficiales acumuló testimonios.