El establecimiento de nuevas disposiciones para la valuación de los inmuebles de la provincia fue el segundo y último proyecto de ley del orden del día de la sesión de ayer. Representó, también, el segundo encontronazo entre los oficialistas, quienes calificaron la medida como una actualización de una legislación arcaica, y los opositores, quienes denunciaron que se prepara el terreno para aumentarles los impuestos a los tucumanos.
José Cúneo Vergés (TC) presentó la iniciativa, como titular de la comisión Hacienda. Precisó que la propuesta consistía en la actualización de la Ley 5.522, que fue dictada a mediados de 1983, durante el último tramo del Proceso de Reorganización Nacional. "Aquí no hay impuestazo ni estamos fijando nuevos valores, porque esa facultad ya ha sido otorgada. Lo que hacemos es conceder a la Dirección General de Catastro la asignación de valores básicos. Y, a la vez, en la distinción entre inmuebles rurales y urbanos, creamos nuevas categorías que sirven para una mejor asignación de los valores", describió.
Osvaldo Cirnigliaro salió al cruce de la propuesta y advirtió que uno de los aspectos más peligrosos de la norma era que permitía a Catastro deja de tomar el valor fiscal (el que asigna el Estado) de la propiedad para valuarla, a los fines impositivos, según su valor comercial (el que le asigna el mercado).
"Construir en Laprida al 800 cuesta lo mismo que en Congreso al 800. Pero el valor comercial no es el mismo. Entonces, no estamos aplicando criterios fiscales sino criterios comerciales. Resulta, entonces, que se llenan la boca con el bienestar de los ciudadanos y ahora les van a cambiar la valuación de sus casa", atacó.
Previamente, Luis José Bussi (FR) también había criticado la norma. "Será una nueva y pesada carga en el bolsillo de los contribuyentes de la provincia. Es técnicamente indefendble y políticamente reprobable", había manifestado. El republicano había objetado que se diera a Catastro la potestad de efectuar la valuación. "No es el organismo adecuado, como sí lo es el Tribunal de Tasaciones, pero en el proyecto ni siquiera se fija que pueda ser consultado", había dicho.
"El Gobierno, además, interviene dos veces en el proceso. Primero, al valuar la propiedad según valores de mercado; y, luego, al actualizar los montos", había puntualizado.
Esteban Jerez (PRO), a su turno, cuestionó que se tome el Indice de Precios del Consumidor, junto con índices sobre el costo de la Construcción como uno de los parámetros para valuar las propiedades. "Uno y otro van, en todo el mundo, por carriles distintos", alertó.
Roque Alvarez, nuevamente, estuvo a cargo de la defensa final de la propuesta. "La ley que proponemos respeta los criterios de justicia tributaria y de equidad. Los criterios para valuar la tierra, y los empleados para valuar las mejoras en los inmuebles, son iguales para todos. La valuación tiene que ajustarse a la situación económica y social, pero eso jamás se discutió: esta norma viene de la dictadura", concluyó. Se aprobó 40 a 6.
José Cúneo Vergés (TC) presentó la iniciativa, como titular de la comisión Hacienda. Precisó que la propuesta consistía en la actualización de la Ley 5.522, que fue dictada a mediados de 1983, durante el último tramo del Proceso de Reorganización Nacional. "Aquí no hay impuestazo ni estamos fijando nuevos valores, porque esa facultad ya ha sido otorgada. Lo que hacemos es conceder a la Dirección General de Catastro la asignación de valores básicos. Y, a la vez, en la distinción entre inmuebles rurales y urbanos, creamos nuevas categorías que sirven para una mejor asignación de los valores", describió.
Osvaldo Cirnigliaro salió al cruce de la propuesta y advirtió que uno de los aspectos más peligrosos de la norma era que permitía a Catastro deja de tomar el valor fiscal (el que asigna el Estado) de la propiedad para valuarla, a los fines impositivos, según su valor comercial (el que le asigna el mercado).
"Construir en Laprida al 800 cuesta lo mismo que en Congreso al 800. Pero el valor comercial no es el mismo. Entonces, no estamos aplicando criterios fiscales sino criterios comerciales. Resulta, entonces, que se llenan la boca con el bienestar de los ciudadanos y ahora les van a cambiar la valuación de sus casa", atacó.
Previamente, Luis José Bussi (FR) también había criticado la norma. "Será una nueva y pesada carga en el bolsillo de los contribuyentes de la provincia. Es técnicamente indefendble y políticamente reprobable", había manifestado. El republicano había objetado que se diera a Catastro la potestad de efectuar la valuación. "No es el organismo adecuado, como sí lo es el Tribunal de Tasaciones, pero en el proyecto ni siquiera se fija que pueda ser consultado", había dicho.
"El Gobierno, además, interviene dos veces en el proceso. Primero, al valuar la propiedad según valores de mercado; y, luego, al actualizar los montos", había puntualizado.
Esteban Jerez (PRO), a su turno, cuestionó que se tome el Indice de Precios del Consumidor, junto con índices sobre el costo de la Construcción como uno de los parámetros para valuar las propiedades. "Uno y otro van, en todo el mundo, por carriles distintos", alertó.
Roque Alvarez, nuevamente, estuvo a cargo de la defensa final de la propuesta. "La ley que proponemos respeta los criterios de justicia tributaria y de equidad. Los criterios para valuar la tierra, y los empleados para valuar las mejoras en los inmuebles, son iguales para todos. La valuación tiene que ajustarse a la situación económica y social, pero eso jamás se discutió: esta norma viene de la dictadura", concluyó. Se aprobó 40 a 6.
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