La ley sancionada por la Legislatura faculta al Poder Ejecutivo a gestionar líneas de crédito del Banco del Tucumán para empresas constructoras que tengan adjudicadas obras en la capital y en los departamentos Alberdi, Burruyacu, Chicligasta, Cruz Alta, Famaillá, La Cocha, Leales, Lules, Monteros, Río Chico, Simoca, Trancas, Yerba Buena y Tafí Viejo. En este último departamento, son alcanzadas 1.204 viviendas del emprendimiento Lomas de Tafí.
La financiación podrá destinarse tanto a las obras que se encuentren en ejecución como a aquellas que vayan a iniciarse dentro de los 60 días siguientes a que el Poder Ejecutivo promulgue la norma sancionada.
Originalmente, este sistema había sido dispuesto por el gobernador, José Alperovich, en acuerdo con sus ministros, mediante el decreto de necesidad y urgencia 8/3. Pero, como debían corregirse errores gramaticales y de sintaxis, y un decreto sólo puede ser aprobado o rechazado pero no corregido, debió ser suplantado por un proyecto de ley.
Justificativos
En los considerandos que justifican esta operación, se consigna que el mecanismo se establece para evitar que una demora de remesas de fondos nacionales paralice la obra pública.
La ley establece que los préstamos podrán alcanzar un total de $ 175 millones, que es el costo de las obras detalladas en los anexos. La Provincia se hará cargo de los intereses. Se estableció que la tasa será la Badlar (informada por el Banco Central luego de hacer un promedio del interés que pagan los bancos -en este caso, privados- por plazos fijos superiores a $ 1 millón), más un 4%. Complementariamente, quedó fijado que si en seis meses no llegan los fondos nacionales, el Estado cubrirá, también, el total de los préstamos.
La financiación podrá destinarse tanto a las obras que se encuentren en ejecución como a aquellas que vayan a iniciarse dentro de los 60 días siguientes a que el Poder Ejecutivo promulgue la norma sancionada.
Originalmente, este sistema había sido dispuesto por el gobernador, José Alperovich, en acuerdo con sus ministros, mediante el decreto de necesidad y urgencia 8/3. Pero, como debían corregirse errores gramaticales y de sintaxis, y un decreto sólo puede ser aprobado o rechazado pero no corregido, debió ser suplantado por un proyecto de ley.
Justificativos
En los considerandos que justifican esta operación, se consigna que el mecanismo se establece para evitar que una demora de remesas de fondos nacionales paralice la obra pública.
La ley establece que los préstamos podrán alcanzar un total de $ 175 millones, que es el costo de las obras detalladas en los anexos. La Provincia se hará cargo de los intereses. Se estableció que la tasa será la Badlar (informada por el Banco Central luego de hacer un promedio del interés que pagan los bancos -en este caso, privados- por plazos fijos superiores a $ 1 millón), más un 4%. Complementariamente, quedó fijado que si en seis meses no llegan los fondos nacionales, el Estado cubrirá, también, el total de los préstamos.
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