Afirman que el caso es de competencia provincial

Rodolfo Ocaranza, que presidió el bloque justicialista durante la última Convención Constituyente, prefirió no detenerse en las razones de por qué, en materia de prerrogativas procesales, la nueva Constitución equiparó a los intendentes con el gobernador para el supuesto de que un jefe municipal sea investigado por la Justicia. En cambio, defendió la competencia provincial para investigar los delitos ambientales. Esto es lo mismo que argumenta la defensa del intendente de Famaillá, Juan Enrique Orellana, en contra de quien hay un auto de elevación a juicio oral por supuesta contaminación.
El ex legislador sintetizó así su posición jurídica: “particularmente soy muy celoso de la autonomía provincial, en la convicción de que, cuantas menos delegaciones hagamos a la Nación, es mucho mejor. Si bien el medio ambiente tiene una amplia protección desde la reforma de la Constitución de 1994, así como los recursos son de las provincias, también debe serlo su tutela y su protección cuando sufren una transgresión”.

Fronteras
En opinión de Ocaranza la situación cobra relevancia porque Orellana no es el único intendente que tiene problemas por la disposición final de residuos.
“Cuando los problemas ambientales trascienden los límites de una jurisdicción es clara la competencia federal; pero si se dan dentro de los límites de la provincia es un exabrupto intolerable que la Justicia local no tenga competencia para efectuar el respectivo control de juridicidad. Entonces, se da la paradoja de que hay un funcionario municipal, elegido por el pueblo, que es juzgado por un funcionario o juez nacional, aunque tenga asiento en la provincia”, se quejó.