Por Redacción Política
12 Noviembre 2007
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La reciente sentencia de la Corte Suprema pavimentó el camino para que el del texto constitucional concebido por el alperovichismo sea llevado al banquillo. La actuación de la Convención reformadora, en tanto es un órgano previsto por la propia Constitución, reconoce importantes limitaciones y está sometida al control del Poder Judicial. Esos límites son, en primer lugar, las cláusulas de la Constitución nacional, de los tratados internacionales y de la propia Carta Magna provincial. En segundo lugar, en la expresión Germán Bidart Campos, el "temario" fijado por la Legislatura al declarar la necesidad de la reforma.
En la causa promovida por el Colegio de Abogados, contrariamente a la verborragia sin argumentos de los pocos funcionarios del Gobierno que opinan sobre el tema, el principal análisis que realizarán los jueces no radica en el contenido de las instituciones cuestionadas, sino en la actuación de la Convención reformadora en función de esos límites. Ejemplificando: no se trata de si puede existir o no un sistema de designación de jueces puramente político; se trata de saber si el Consejo Asesor de la Magistratura, un tema habilitado para la Convención como un órgano que debía funcionar dentro del Poder Judicial, puede convertirse de un plumazo en una oficina del Ejecutivo.
Durante las sesiones de la Convención, el gobernador reconoció que impartía órdenes a los constituyentes en su casa. ¿Se hará cargo ahora de los numerosos desbordes en que incurrieron? Desterrando la teoría de la megacausa contra la reforma (otra idea poco feliz de la inspiración de Alfredo Dato), la sentencia de la Corte es un saludable mensaje para las otras salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que no exhibieron ningún interés en analizar estos casos de elevado voltaje institucional.
El control de constitucionalidad de las normas es tarea primordial del Poder Judicial. Además, su acción resulta imprescindible en el rol de guardián del sistema republicano, asediado hoy por una típica mayoría coyuntural.
En la causa promovida por el Colegio de Abogados, contrariamente a la verborragia sin argumentos de los pocos funcionarios del Gobierno que opinan sobre el tema, el principal análisis que realizarán los jueces no radica en el contenido de las instituciones cuestionadas, sino en la actuación de la Convención reformadora en función de esos límites. Ejemplificando: no se trata de si puede existir o no un sistema de designación de jueces puramente político; se trata de saber si el Consejo Asesor de la Magistratura, un tema habilitado para la Convención como un órgano que debía funcionar dentro del Poder Judicial, puede convertirse de un plumazo en una oficina del Ejecutivo.
Durante las sesiones de la Convención, el gobernador reconoció que impartía órdenes a los constituyentes en su casa. ¿Se hará cargo ahora de los numerosos desbordes en que incurrieron? Desterrando la teoría de la megacausa contra la reforma (otra idea poco feliz de la inspiración de Alfredo Dato), la sentencia de la Corte es un saludable mensaje para las otras salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que no exhibieron ningún interés en analizar estos casos de elevado voltaje institucional.
El control de constitucionalidad de las normas es tarea primordial del Poder Judicial. Además, su acción resulta imprescindible en el rol de guardián del sistema republicano, asediado hoy por una típica mayoría coyuntural.
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