Pese a cumplirse un plazo, no habrá sentencia sobre la reforma

Pese a la expectativa institucional existente, hoy no habrá sentencia de fondo en la causa promovida por el Colegio de Abogados contra disposiciones de la Constitución sancionada en 2006. En la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo consideran que antes debe quedar firme el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (ver "Hubo que zanjar...").
El lunes, el alto tribunal dejó sin efecto la acumulación de procesos que había ordenado en junio, y dispuso que la sala II continuara entendiendo en el expediente de los letrados, y que la sala III del mismo fuero hiciera lo propio respecto de la demanda articulada (también contra normas de la nueva Carta Magna) por el partido Ciudadanos Independientes (CI).
En teoría, hoy se cumplirían los 15 días hábiles establecidos por la normativa procesal para que el tribunal juzgador (en este caso la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo) se expida en un proceso sumario como el abierto a partir de la demanda del Colegio de Abogados. Aquel plazo se cuenta desde que se notifica a las partes que quedó firme el decreto que ordena cumplir el llamado de autos para sentencia. Pero, como viene sucediendo desde hace meses, en el expediente promovido por el Colegio de Abogados siguen repicando los avatares procesales vinculados a la causa articulada en forma paralela a raíz del planteo de CI.
Originariamente, la demanda de CI recayó en la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo; luego la Corte ordenó que fuera acumulada a la de los letrados y resuelta por la sala II. No obstante, a raíz de un planteo de nulidad deducido por el Colegio de Abogados, el alto tribunal dispuso el lunes que el proceso fuera sustanciado -por separado- ante la sala de origen (la III). En ambos casos, el Gobierno es la parte demandada.

Intríngulis procesal
El viernes, el presidente del Colegio de Abogados, Antonio Bustamante, mostró su satisfacción por el fallo de la Corte. Empero, desde el punto de vista formal, hay que esperar que este quede firme; es decir, que no sea cuestionado (por ejemplo, hay 10 días hábiles para deducir un recurso extraordinario federal). El miércoles, la entidad fue notificada de la resolución del alto tribunal.
Según criterio de que las cuestiones de competencia (entre las salas II y III) y acerca de la acumulación (o no) entre los procesos promovidos por el Colegio de Abogados y por CI debían estar totalmente zanjadas ya lo había advertido el 20 de abril, en un dictamen, Elena Sangenis, fiscal de Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo. "Estos autos (por el expediente impulsado por los letrados) no estarán en condiciones de sentencia hasta que no se dirima el conflicto de competencia", había señalado.

Trabajo contra reloj
Más allá de los avatares procesales, los vocales de la sala II (Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello) trabajan contra reloj en la sentencia de fondo de una causa sumamente compleja. Será la primera, pese a que hay seis procesos en marcha en los que se cuestionan diferentes disposiciones de la reforma constitucional de 2006.
El expediente tiene una importancia añadida. En efecto, el Colegio de Abogados cuestionó -entre otros puntos- la constitucionalidad del diseño de las normas relacionadas con la integración de los órganos encargados de la selección y destitución de los jueces: Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y Jurado de Enjuiciamiento. Como consecuencia de esto, el 28 de junio del año pasado, Giovanniello (entonces a cargo de la presidencia de la sala II) ordenó al Poder Ejecutivo que se abstuviera de ejecutar el decreto 1.820 hasta que no hubiera una sentencia de fondo en la causa.
Por medio de la mencionada norma, el gobernador José Alperovich había dispuesto que el CAM fuera integrado con tres representantes del Poder Ejecutivo, uno del Poder Legislativo, uno del Poder Judicial (con rango no inferior al de vocal de Cámara equivalente) y un letrado elegido por sorteo. Sin embargo, esta disposición nunca llegó a cumplirse.