Hubo que zanjar un conflicto de competencia

La cuestión llegó a la Corte Suprema de Justicia a raíz del conflicto de competencia que se había trabado entre las salas II y III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en las que habían recaído las demandas promovidas por el Colegio de Abogados y por Ciudadanos Independientes (y otros partidos), respectivamente. Los vocales de la sala III (Enrique Guibert y Salvador Ruiz) sostenían que la sala II era la competente para actuar también en el proceso de Ciudadanos Independientes (CI). Argumentaban que en este debían ventilarse cuestiones similares a las planteadas por los letrados el 23 de mayo de 2006 (la de los abogados fue la primera causa en el tiempo), en la que ya intervenían sus colegas de la sala II (Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello).

Planteos similares
El 30 de marzo, los camaristas de la sala II se declararon parcialmente competentes para entender solamente respecto de aquellos cuestionamientos formulados por CI -acerca de la Constitución sancionada en 2006- que eran conexos con los planteados por el Colegio de Abogados: los relacionados con los sistemas de designación y remoción de los jueces, así como con la posibilidad de que haya enmiendas constitucionales por ley.
En cambio, Novillo y Giovanniello consideraron que la sala III debía resolver los otros temas objetados únicamente por CI (y no por los abogados): composición de la Junta Electoral, y facultad del Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia, así como para fijar las dietas de legisladores.
Por la controversia intervino la Corte Suprema, que el 11 de junio dispuso la acumulación total de ambos procesos y declaró competente a la sala II, para evitar la posibilidad de que hubiera sentencias contradictorias sobre cuestiones conexas. No obstante, el 31 de julio el Colegio de Abogados planteó la nulidad de la resolución del alto tribunal, en la convicción de que la acumulación iba a dilatar aún más las cosas. A raíz de este planteo, el lunes, la Corte Suprema dejó sin efecto su resolución de junio y ordenó que las salas II y III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo entiendan en las demandas que originariamente les fueron asignadas: la primera, la deducida por el Colegio de Abogados, y la segunda, la interpuesta por CI.
En la nueva sentencia, el alto tribunal también aclaró que la eventualidad de pronunciamientos en sentido diferente (entre la sala II y la III) será solucionada por las instancias superiores (léase la propia Corte) cuando les toque intervenir.