10 Noviembre 2007 Seguir en 
LA PAZ.- Hostigada por presiones callejeras de organizaciones civiles opositoras al gobierno de Evo Morales, la Asamblea Constituyente, convocada para refundar Bolivia con una nueva Carta Magna, suspendió ayer su trabajo.
Después de más de cuatro meses paralizada por diferencias insalvables entre oficialistas y opositores, el cuerpo constituyente iba a reiniciar ayer sus sesiones en Sucre, pero decenas de universitarios ligados al derechista comité cívico de Chuquisaca, cuya capital es Sucre, impidieron el ingreso de los asambleístas a la sede. Varios asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS, oficialista) fueron agredidos a patadas y puñetazos. Una de las víctimas de este incidente fue el líder del bloque del MAS, el quechua Ramón Loayza.
El plazo final
“Suspendemos el trabajo por falta de garantías”, anunció la presidenta de la Constituyente, Silvia Lazarte, sin precisar cuándo podrían volver a trabajar ni qué solución se buscará, a poco más de un mes de que se cumpla el plazo final para el cual fueron elegidos por voto popular 255 delegados de todo el país. “La asamblea está herida de muerte”, admitió el vicepresidente, Alvaro García Linera.
La instancia deliberativa ha sufrido desde su inauguración, el 6 de agosto de 2006, fuertes discrepancias ideológicas internas sobre hacia qué tipo de país se debería apuntar. Algunos sectores del MAS propugnaban instaurar un socialismo comunitario, mientras que los opositores buscaban una democracia descentralizada. El elemento principal que agrietó la asamblea fue el pedido de Sucre de que La Paz le devuelva las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, obtenidos en una guerra civil en el Siglo XIX. Pero la actual capital política ha descartado perder esta condición.
Ricos y pobres
A ello se ha sumado el incesante reclamo de cuatro regiones del norte, este y sur del país -entre ellas la poderosa Santa Cruz- para que se les otorgue autonomías territoriales con independencia del gobierno central en el manejo de sus recursos económicos. Los indígenas -principal brazo y sostén político de Morales- han rechazado las autonomías para las provincias y en cambio piden territorios independientes para 36 etnias y grupos aborígenes. (AFP-NA)
Después de más de cuatro meses paralizada por diferencias insalvables entre oficialistas y opositores, el cuerpo constituyente iba a reiniciar ayer sus sesiones en Sucre, pero decenas de universitarios ligados al derechista comité cívico de Chuquisaca, cuya capital es Sucre, impidieron el ingreso de los asambleístas a la sede. Varios asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS, oficialista) fueron agredidos a patadas y puñetazos. Una de las víctimas de este incidente fue el líder del bloque del MAS, el quechua Ramón Loayza.
El plazo final
“Suspendemos el trabajo por falta de garantías”, anunció la presidenta de la Constituyente, Silvia Lazarte, sin precisar cuándo podrían volver a trabajar ni qué solución se buscará, a poco más de un mes de que se cumpla el plazo final para el cual fueron elegidos por voto popular 255 delegados de todo el país. “La asamblea está herida de muerte”, admitió el vicepresidente, Alvaro García Linera.
La instancia deliberativa ha sufrido desde su inauguración, el 6 de agosto de 2006, fuertes discrepancias ideológicas internas sobre hacia qué tipo de país se debería apuntar. Algunos sectores del MAS propugnaban instaurar un socialismo comunitario, mientras que los opositores buscaban una democracia descentralizada. El elemento principal que agrietó la asamblea fue el pedido de Sucre de que La Paz le devuelva las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, obtenidos en una guerra civil en el Siglo XIX. Pero la actual capital política ha descartado perder esta condición.
Ricos y pobres
A ello se ha sumado el incesante reclamo de cuatro regiones del norte, este y sur del país -entre ellas la poderosa Santa Cruz- para que se les otorgue autonomías territoriales con independencia del gobierno central en el manejo de sus recursos económicos. Los indígenas -principal brazo y sostén político de Morales- han rechazado las autonomías para las provincias y en cambio piden territorios independientes para 36 etnias y grupos aborígenes. (AFP-NA)
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