Supuestos ilícitos en el PAMI

En el Apocalipsis, 24 ancianos rodean en el cielo el trono del Cordero y rinden homenaje al Rey de los Siglos. Los ancianos también integraban el Sanedrín, que era el consejo supremo de los judíos, en el que se trataban y decidían los asuntos de Estado y de religión. Los antiguos griegos les confirieron a los ancianos un papel muy importante en el gobierno. Actualmente, en una buena parte de los países desarrollados, nuestros mayores gozan de grandes beneficios sociales gratuitos y de una atención especial, y perciben haberes que les permiten vivir con dignidad sus últimos años. Llegar a la vejez en la Argentina, salvo que se tenga una jubilación de privilegio, es una invitación a la desdicha y a la ingratitud, porque los miserables dineros que cobran mensualmente nuestros abuelos están más próximos a la humillación que al reconocimiento por haber entregado su esfuerzo al país.
La mayor parte de los adultos mayores es afiliada al PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral). Es una de las obras sociales más populosas de Sudamérica, con más de 4 millones de afiliados. Ha sabido ganarse una triste fama a lo largo de sus 30 años de existencia. Fue creada el 13 de mayo de 1971, por el entonces ministro de Bienestar Social Francisco Manrique, para que fuera administrada por sus propios beneficiarios. Pero este hecho nunca se cumplió, porque desde su creación el presidente de su directorio fue designado por el gobierno de turno, fuera de facto o democrático.
Este ente autónomo se sostiene con el aporte de los afiliados y con un porcentaje de las cargas sociales de todos los trabajadores activos del país. Las administraciones nacionales de la última década, denunciadas por corruptas, han dejado un déficit importante tras su paso y, en más de una oportunidad, han hecho peligrar la continuidad de una obra social que nunca brindó un servicio que dejara conforme a la mayoría de sus afiliados.
La deuda estimada del PAMI en noviembre pasado ascendía aproximadamente a 1.000 millones de pesos, y el monto seguramente sigue en ascenso. Cada interventor que asume promete normalizar la obra social, pero nada de ello sucede y el calvario de los abuelos se renueva año a año.
En medio de la dramática crisis del país, donde a causa de la inflación el desmesurado incremento y el desabastecimiento de drogas y medicamentos han puesto al borde de la desesperación y de la muerte a miles de afiliados tucumanos, a escasos dos meses de haber asumido en la delegación local del PAMI el actual interventor ha puesto su mayor energía mediática en lanzar a los cuatro vientos supuestos ilícitos de la gestión anterior, que no han conocido aún los estrados de la Justicia. Denunció graves irregularidades en la campaña antigripal de 2001, que justamente fue elogiada por el Banco Mundial y por la Nación porque estuvo en manos de los centros de jubilados; o acusó a un afiliado de haberse quedado con un catéter de otra persona, cuando este lo pagó de su propio bolsillo. En marzo pasado dijo haber descubierto que 80 marcapasos no fueron reintegrados al banco de prótesis, y que empaquetó y devolvió -según sus propias declaraciones- el 80% de los aparatos, sin tener en cuenta la grave carencia de insumos de todo tipo que ha puesto a la salud en un estado de colapso.
Durante estos dos meses, los abuelos han soportado una infructuosa espera en el PAMI local, mendigando prácticamente por un medicamento o alguna droga inmunosupresora, o han debido hacer largas colas en unas pocas farmacias para salir a veces con las manos vacías.
Para que la mayor obra social de la Argentina no siga siendo un botín de guerra o una catapulta política para los diferentes funcionarios que pasaron por el organismo, es necesaria una reparación histórica que consista en darles a los abuelos la conducción del PAMI como se previó originalmente.
Seguramente, ellos harán un mejor papel que las tres décadas de fallidas intervenciones.