Llegaron a 10.500 los reclamos de ciudadanos

“Donde hay una necesidad, hay un derecho insatisfecho”, afirmó ayer, en la Legislatura, el defensor del Pueblo, Jorge García Mena, al presentar el informe anual de gestión de 2006, conforme a lo previsto en la Constitución provincial.
Precisamente, el funcionario remarcó que la jerarquización de su área, lograda con la reforma constitucional de 2006, fue el el cambio más significativo logrado en los últimos tiempos. Ello permitió un fortalecimiento institucional y la posibilidad de un despliegue mayor en la protección de los derechos de los ciudadanos, que se manifiesta en las casi 10.500 actuaciones realizadas y una atención diaria de 44 personas, en promedio. Los principales reclamos estuvieron relacionados con deficiencias de empresas concesionarias de servicios públicos y mala atención en oficinas del Estado.
“Esta defensoría se consolidó como una eficaz herramienta en la defensa de los derechos de la ciudadanía. Hemos dispuesto una mayor ejecutividad institucional, con acciones de alcance local, regional e internacional”, puntualizó García Mena. Recordó que hubo trabajos vinculados con el medio ambiente (en especial, la contratación de un estudio integral sobre la contaminación atmosférica en la provincia y la conformación del comité de cuenca en el río Salí-Dulce); que se habilitaron delegaciones y receptorías; que se organizaron seminarios y jornadas de debate sobre distintas problemáticas y que se logró la recomposición salarial y que se impulsa la capacitación del personal de ese organismo.
El ombudsman mencionó, además, que fue electo vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, con sede en España. “Nos proponemos mejorar la información para la sociedad y ejercer un rol más activo con la ciudadanía, porque esta institución es como un hospital social, donde gran parte de los derechos vulnerados son reparados”, concluyó.