Consejeros concluyeron que un magistrado no cometió anomalías

“De las actuaciones judiciales compulsadas y de todas las pruebas producidas no surge irregularidad alguna que resulte achacable al juez cuestionado”. Esto sostiene el dictamen elaborado por el senador nacional Nicolás Fernández (PJ), en relación con el proceder de Carlos Jiménez Montilla, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta provincia.
El dictamen fue aprobado el jueves en Buenos Aires por la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación. Esta, como consecuencia, aconsejó al plenario del mencionado Consejo (lo forman 13 miembros que tienen la última palabra) que desestime la denuncia que contra Jiménez Montilla había formulado Luis E. Pereira Duarte, ex representante de los abogados en aquel órgano nacional.
En julio del año pasado, el Consejo de la Magistratura había abierto un sumario contra Jiménez Montilla (en la entonces comisión de Acusación, luego fusionada con la de Disciplina), como consecuencia de una medida cautelar a su favor, dictada por el ex titular del juzgado federal Nº 1, Jorge Parache (renunció el 31 de mayo).
Jiménez Montilla había demandado al Estado nacional por la pesificación (a $ 1,4 más CER por dólar) de los títulos de la deuda públicas tras la declaración de default (cesación de pagos), de fines de 2001, que siguió a la salida de la convertibilidad. Pereira Duarte pidió que se investigara y afirmó que los bonos por los que había accionado habrían sido adquiridos después del default.

Un dato clave
En el dictamen aprobado, entre otra documental, fue tenido en cuenta el contenido de las declaraciones juradas presentadas por Jiménez Montilla, correspondientes a los años 2000 y 2001. “Esta última data del 23 de mayo de 2001, esto es, meses antes del default y puede observarse que el magistrado, entre los bienes de su patrimonio, incluyó bonos consolidados de su propiedad. Guardan perfecta relación los montos de los bonos en pesos, primera serie, Bolsa de Comercio de Tucumán (declaración de 2000) con los que figuran en el acta de conformidad, mientras que, en la declaración de 2001, aparecen declarados los bonos segunda selección”, puede leerse.
Jiménez Montilla siempre sostuvo que en 1987 había actuado como abogado en la causa “Docampo, Carlos A. y otros vs. DNA s/indemnización por daños y perjuicios”. En ese proceso, el Estado nacional (DNA) fue vencido y condenado al pago de costas. En noviembre de 1996, le regularon honorarios por $45.000 (o U$S 45.000 para la época), y luego aceptó títulos públicos (se los depositaron en 1999), por los cuales demandó al Estado a raíz de la normativa que pesificó los bonos.
El dictamen criticó a Pereira Duarte sin mencionarlo. “El denunciante no ha aportado mayores pruebas que abonen, siquiera mínimamente, la veracidad de las acusaciones dirigidas contra Jiménez Montilla”. Este, por el contrario, fue respaldado. “El descargo formulado por el magistrado cuestionado ostenta la claridad y la precisión conceptuales e informativas de las que carece la denuncia”, afirma el texto.
En el dictamen aprobado, los consejeros insistieron: “todas las probanzas practicadas, que fueron muchas y variadas, vienen en respaldo de la versión de los hechos propinada por el denunciado. En especial, corroboran lo que este relató en cuanto al origen de los títulos en cuestión y la fecha de su adquisición -claramente, muy anterior al default-”. Asimismo, aclararon: “la denuncia parece intentar que este Consejo revise una decisión judicial que está firme y consentida; revisión que es completamente ajena a las competencias y funciones que constitucionalmente caben a este cuerpo”.