Refutan la crítica de Alperovich a los abogados

El presidente del colegio profesional de Salta, Martín Díaz, dijo que el mandatario tuvo un comportamiento de inmadurez institucional.

VIEJA RELACION. El año pasado, el titular de la FACA NOA, Martín Díaz, vino a Tucumán a respaldar a Bustamante. Ahora se encontraron otra vez. LA GACETA / FRANCO VERA
VIEJA RELACION. El año pasado, el titular de la FACA NOA, Martín Díaz, vino a Tucumán a respaldar a Bustamante. Ahora se encontraron otra vez. LA GACETA / FRANCO VERA
Por Redacción Política 23 Septiembre 2007
SALTA (De nuestro enviado especial, Fabio Ariel Ladetto).- El titular del Colegio de Abogados de Salta, Martín Díaz, calificó de una reacción de inmadurez institucional del Poder Ejecutivo de Tucumán las críticas vertidas por el gobernador José Alperovich a los directivos del colegio profesional provincial, en la discusión sobre la marcha del juicio contra la reforma constitucional.
El mandatario responsabilizó a los letrados de haber trabado la integración del Consejo Asesor de la Magistratura e impedirle, por ello, la cobertura de las vacantes en el Poder Judicial. También cargó contra los miembros de la Cámara en lo Contencioso Administrativo por la mora en resolver las causas contra la nueva Carta Magna provincial.
Díaz recordó el intento del oficialismo de quitarle el control de la matrícula de los letrados a la entidad profesional a mediados del año pasado para que lo asuma la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, iniciativa que no prosperó por la defensa generalizada de los colegios de todo el país. En ese momento, fue clave el compromiso de no avanzar en este tema que asumió el vicegobernador y titular de la Legislatura, Fernando Juri.
"Entiendo que Alperovich intenta intervenir en una estructura institucional profesional que fue reconocida por la misma Constitución provincial en su reforma del año pasado, y que tiene funciones y compromisos con la comunidad y con el Estado, los que cumple con creces", describió el abogado salteño.
El directivo aseveró: "no se debe mezclar la política con la Justicia, porque hay despropósitos en ciertos hechos; los abogados tenemos a los colegios para la defensa de nuestros intereses, y según nuestro estatuto y las normas, esta estructura profesional tiene que ser respetada".
El directivo preside la organización de la región NOA de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y fue el anfitrión de la reunión que concluyó en la noche del viernes, con la presencia de 370 profesionales acreditados para los debates.
La experiencia tucumana fue analizada en las comisiones de trabajo de la XV Conferencia Nacional de Abogados. Entre las conclusiones, se decidió que la FACA exhorte y canalice en distintos ámbitos institucionales la inclusión de los colegios profesionales de letrados en las Cartas Magnas de las provincias. "De ese modo, no quedarán a merced de autoridades políticas de turno y de mayorías circunstanciales (en las Legislaturas). El fortalecimiento de los colegios con una garantía constitucional, frenaría esos embates en aras de una sociedad mejor", remarcaron.
Asimismo, se instó para lograr que los colegios de abogados sean instituciones de consulta obligatoria por parte de las Legislaturas provinciales, en forma previa a la sanción de las leyes que se refieran al funcionamiento, organización y administración de la Justicia, al ejercicio de la abogacía y a la ciencia del Derecho en general.

Debate razonable
"Estas deliberaciones recrearon la razonabilidad de los debates, que parece que nunca llegan a nada y son meras declaraciones. La gente demanda resoluciones efectivas en la administración y en el servicio de Justicia, ante los hechos particulares de su vida. Nosotros también necesitamos discutir lo nuestro para dar respuestas a todos esos requerimientos, como parte de la sociedad con responsabilidades específicas", señaló.
Según Díaz, los desafíos más importantes por atender se vinculan a la independencia de los jueces y del Poder Judicial, que debe ser administrado con autarquía y autonomía. Remarcó la necesidad de habilitar y potenciar vías de relación entre los letrados y los poderes institucionales, para encontrar los consensos que deriven en la elaboración de políticas de Estado en beneficio de la comunidad en su conjunto. Agregó que hubo planteos concretos sobre el ejercicio profesional cotidiano (habilitación de la matrícula, capacitación, integración internacional o relación con los jueces, por ejemplo).
Atento a la realidad nacional, aclaró que en la vinculación con los magistrados se está en una primera etapa, que sirve para conocer los reclamos, las expectativas y las conclusiones de cada sector. Recordó además que hace dos semanas sesionó la II Conferencia Nacional de Jueces, con objetivos similares.
"En Salta hemos logrado una mesa de diálogo con los poderes políticos, en especial con el Poder Judicial. Pero tengo la idea de que los poderes no son independientes entre sí, aunque intentemos que lo sean. Queremos que cada uno tenga su propia construcción razonable, respetando el rol propio en la sociedad, para cumplir con lo que la Constitución dice respecto al control cruzado. De esta manera, alcanzaremos un Estado de Derecho fuerte, lo que permitirá que la gente tenga credibilidad en las instituciones y aporte a su firmeza y consolidación", puntualizó.