06 Septiembre 2007 Seguir en 
La creación de dos nuevas fiscalías, aprobadas el martes por la Legislatura, elevará a 21 el número de vacantes, si las iniciativas son promulgadas por el Poder Ejecutivo provincial.
Esos puestos no pueden ser cubiertos aún. Desde el 28 de junio de 2006, la designación de nuevos jueces, fiscales o defensores oficiales está paralizada por orden de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En el marco del juicio impulsado por el Colegio de Abogados en contra de la nueva Constitución de Tucumán, ese tribunal suspendió el decreto del Ejecutivo de integración del cuestionado Consejo Asesor de la Magistratura, que lo componía con una mayoría de políticos. (Ver "Destacan...")
La situación puede destrabarse de dos formas: con el dictado de una sentencia que ponga fin a la controversia y cierre la etapa de juicio en la instancia en lo Contencioso Administrativo (el derrotado podrá recurrir a la Corte Suprema de Justicia, que deberá analizar nuevamente el tema); o con la firma de un nuevo decreto por parte del gobernador, José Alperovich, que modifique la integración planteada. Esta opción contemplaba el cambio del representante de los abogados por un delegado de la Facultad de Derecho de la UNT.
Pendientes
En el Centro Judicial de la capital hay 10 vacantes. La más reciente se produjo el pasado 14 de agosto, con el deceso del fiscal de Cámara Penal, Carlos Roberto Castellanos. A la vez, la Sala VI de la Cámara Penal funciona sin un vocal desde el 13 de enero del año pasado, cuando fue destituida Alicia Freidenberg. La ex magistrada cuestionó la decisión de la Legislatura y su expediente está en poder de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se pronuncie.
Tampoco están cubiertas, desde el 3 de febrero de 2006, las defensorías oficiales en lo Civil de la I Nominación y en lo Penal de la IV Nominación, por ascenso de quienes eran sus titulares.Los otros seis cargos vacíos son de jurisdicciones que nunca fueron puestas en marcha: un Juzgado de Ejecución de Sentencia (la sanción de la ley de creación es de diciembre de 2005); dos jueces de Concursos y Quiebras (mayo de 2004); y los tres restantes, del controvertido Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo (agosto de 2006).
El undécimo cargo sin cubrir será, si prospera, el de la Fiscalía Penal Jurisdiccional, que tendrá asiento en un barrio de la capital, como prueba piloto que emula la experiencia de Buenos Aires.
En Concepción, las vacantes corresponden a un juez de Ejecución de Sentencia, uno de Concursos y Quiebras y otro Correccional (vacío desde el 20 de mayo de 2005). Monteros está completo en las oficinas penales actuales, pero figuran seis cargos por ser ocupados en el futuro, cuando se amplíe este centro judicial a otros fueros. Aquí se agregaría, como vacante, el cargo para la segunda Fiscalía de Instrucción que fue aprobada el martes por los legisladores.
Esos puestos no pueden ser cubiertos aún. Desde el 28 de junio de 2006, la designación de nuevos jueces, fiscales o defensores oficiales está paralizada por orden de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En el marco del juicio impulsado por el Colegio de Abogados en contra de la nueva Constitución de Tucumán, ese tribunal suspendió el decreto del Ejecutivo de integración del cuestionado Consejo Asesor de la Magistratura, que lo componía con una mayoría de políticos. (Ver "Destacan...")
La situación puede destrabarse de dos formas: con el dictado de una sentencia que ponga fin a la controversia y cierre la etapa de juicio en la instancia en lo Contencioso Administrativo (el derrotado podrá recurrir a la Corte Suprema de Justicia, que deberá analizar nuevamente el tema); o con la firma de un nuevo decreto por parte del gobernador, José Alperovich, que modifique la integración planteada. Esta opción contemplaba el cambio del representante de los abogados por un delegado de la Facultad de Derecho de la UNT.
Pendientes
En el Centro Judicial de la capital hay 10 vacantes. La más reciente se produjo el pasado 14 de agosto, con el deceso del fiscal de Cámara Penal, Carlos Roberto Castellanos. A la vez, la Sala VI de la Cámara Penal funciona sin un vocal desde el 13 de enero del año pasado, cuando fue destituida Alicia Freidenberg. La ex magistrada cuestionó la decisión de la Legislatura y su expediente está en poder de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se pronuncie.
Tampoco están cubiertas, desde el 3 de febrero de 2006, las defensorías oficiales en lo Civil de la I Nominación y en lo Penal de la IV Nominación, por ascenso de quienes eran sus titulares.Los otros seis cargos vacíos son de jurisdicciones que nunca fueron puestas en marcha: un Juzgado de Ejecución de Sentencia (la sanción de la ley de creación es de diciembre de 2005); dos jueces de Concursos y Quiebras (mayo de 2004); y los tres restantes, del controvertido Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo (agosto de 2006).
El undécimo cargo sin cubrir será, si prospera, el de la Fiscalía Penal Jurisdiccional, que tendrá asiento en un barrio de la capital, como prueba piloto que emula la experiencia de Buenos Aires.
En Concepción, las vacantes corresponden a un juez de Ejecución de Sentencia, uno de Concursos y Quiebras y otro Correccional (vacío desde el 20 de mayo de 2005). Monteros está completo en las oficinas penales actuales, pero figuran seis cargos por ser ocupados en el futuro, cuando se amplíe este centro judicial a otros fueros. Aquí se agregaría, como vacante, el cargo para la segunda Fiscalía de Instrucción que fue aprobada el martes por los legisladores.









