El laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por el cual se condenó a la Argentina a pagar U$S 105 millones a la empresa Vivendi por la rescisión del contrato sobre el servicio sanitario con la Compañía Aguas del Aconquija, es particularmente severo con el accionar del entonces gobernador Antonio Bussi. "Ese Gobierno, indebidamente y sin justificación alguna, montó una ?campaña? ilegítima contra la concesión", afirmaron los miembros del tribunal internacional, respecto de lo actuado en 1996 y en 1977. Esa decisión será cuestionada por el Estado nacional.
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