El laudo tildó de irresponsable la actitud del gobierno de Bussi

"Atento a los hechos frente a los que nos encontramos, sólo es posible concluir que el gobierno del señor (Antonio) Bussi, indebidamente y sin justificación alguna, montó una ?campaña? ilegítima contra la concesión, el contrato de concesión y la empresa concesionaria ?extranjera? desde el momento en que entró en funciones, con miras a revertir la privatización o bien forzar a la empresa concesionaria a renegociar (y bajar) las tarifas de la Compañía de Aguas de Aconquija (CAA)". Esta es una de las conclusiones centrales del laudo arbitral por medio del cual un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) condenó a la Nación a pagar U$S 105 millones por el litigio que la empresa dependiente del grupo francés Vivendi mantenía por la concesión del servicio de agua potable y cloacas en Tucumán.
El tribunal, integrado por J. William Rowley QC (presidente), Gabrielle Kaufmann-Kohler, Carlos Bernal Verea, cargó las tintas contra la administración republicana (1995-1999), que en 1996 intentó renegociar el contrato de concesión del servicio como consecuencia del incremento de las tarifas. Una comisión legislativa había concluido que el convenio original, pactado durante el gobierno de Ramón Ortega (que había otorgado los servicios a la CAA por 30 años), adolecía de irregularidades.
El gobierno bussista, según los miembros del tribunal del Ciadi (órgano del Banco Mundial), no contribuyó a apaciguar los ánimos. "En lugar de salir a explicar las causas de las modificaciones sumó su voz a las protestas. En verdad, se formó un verdadero coro, donde competían legisladores, periodistas, políticos y dirigentes de la sociedad civil, en presentarse como más virulentos", concluyeron.

Grandilocuencia
Irresponsabilidad e irrazonabilidad fueron algunos de los calificativos empleados para definir el proceder de los funcionarios de la administración. "En lugar de colaborar con la CAA para entender el problema y calmar los temores de los usuarios, la mayoría de los funcionarios superiores actuaron de manera irresponsable. Por ejemplo, el Ministro de Salud (por Jorge Guraiib) hizo una declaración escandalizante al anunciar que la CAA estaba suministrando agua ?con contaminación bacteriológica?. Es más, antes de que apareciera la turbiedad por manganeso, afirmó públicamente que el agua podría causar cólera, fiebre tifoidea y hepatitis", subrayaron.
En definitiva, según el tribunal, los funcionarios no allanaron los caminos para que la negociación del contrato transcurriera de forma transparente y no forzada. "Es, sin duda alguna, incorrecto (e injusto e inequitativo de acuerdo con el Tratado para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones, firmado por la Argentina y Francia) tratar de atraer a una empresa concesionaria a la mesa de negociaciones mediante amenazas de rescisión sobre la base de argumentos grandilocuentes después de haber privado indebidamente de legitimidad formal a las facturaciones de la empresa. Sin embargo, esto es precisamente lo que sucedió en este caso", destacaron.
Para justificar la decisión de imponer a la Argentina una indemnización por no haber asegurado un trato justo y equitativo a la CAA, los árbitros también tuvieron en cuenta la actuación de otros órganos. "El efecto de la conducta del Ente Regulador durante este período, teniendo en cuenta el informe tan crítico de la comisión especial investigadora (legislativa), las observaciones del Ministro (Alberto) Germanó acerca de seguir negociando con delincuentes, el ataque del Tribunal de Cuentas al acuerdo marco, y los esfuerzos de los legisladores y del defensor del Pueblo (era Sergio Díaz Ricci) por ayudar a los usuarios a resistirse al pago de las facturas, tuvieron un efecto devastador en la viabilidad económica de la concesión", aseveraron.

Definen los términos del recurso
Entre el 10 y el 11 del corriente, el fiscal de Estado, Antonio Estofán, viajará a Buenos Aires para reunirse con el titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, órgano que llevó adelante la defensa de la Argentina frente a la demanda entablada por el grupo Vivendi (controlante de la Compañía de Aguas del Aconquija) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
El objetivo del viaje será coordinar el trabajo jurídico, a fin de recurrir el reciente laudo arbitral, que condenó a la Nación, en su carácter de garante de las inversiones francesas en la Argentina, a pagar U$S 105 millones en concepto de indemnización. "Pretendemos la anulación", reiteró ayer Estofán a LA GACETA.
En principio, según el artículo 52 del Reglamento de Arbitraje (establece el procedimiento), el laudo será definitivo y obligatorio.

Elevados intereses
En la parte resolutiva del laudo, el tribunal del CIADI condenó a la Argentina a pagar los US$ 105 millones a la CAA o al grupo Vivendi U$S $99,1 millones y el resto a la CAA (U$S 5,8 millones).
Asimismo, la parte condenada deberá pagar intereses, compuestos anualmente, según una tasa del 6% sobre el monto de U$S 51 millones a partir del 28 de agosto de 1997 y hasta la fecha de pago, y sobre otro monto de U$S 54 millones a partir del 5 de septiembre de 2002 y hasta la fecha de pago.
La Argentina, según el laudo, también deberá abonar a las demandantes la suma de U$S 701.961 en concepto de gastos legales y de otra naturaleza generados durante la etapa jurisdiccional del procedimiento arbitral. Dichas costas devengarán un interés simple según una tasa del 6% desde la fecha de la resolución (fue comunicada a las partes el 20 de agosto) y hasta el momento del pago.
Asimismo, las partes deberán sufragar por partes iguales los honorarios y gastos de los árbitros y los costos del CIADI.

INCITACION.- "Conforme a la norma del trato justo y equitativo, no cabe duda alguna que la obligación del Gobierno de no menoscabar ni socavar una concesión (la norma de ?no hacer daño?), que ha sido debidamente otorgada, aunque por un Gobierno anterior, fue afectada sobre la base de falsedades y con la motivación del deseo de rescindir la concesión o forzar a su renegociación. Y eso es exactamente lo que pasó en Tucumán".

FINALIDAD.- "Las medidas que integraron la campaña identificada antes no eran respuestas reglamentarias legítimas ante los incumplimientos de la Compañía de Aguas del Aconquija (CAA), sino actos soberanos que tenían por objetivo ilegítimo poner fin a la concesión o forzar a su renegociación".

DECLARACIONES POLEMICAS.- "Cuando se le repreguntó al vicegobernador Raúl Topa acerca de los efectos de esa declaración (el ministro de Salud, Jorge Guraiib, había advertido sobre la provisión de agua contaminada) reconoció: ?trae un gran impacto en la comunidad". Cuando se le repreguntó si sabía si el Ministro de Salud tenía alguna prueba que respaldara su declaración, contestó: ?presumimos que era un hombre con la formación técnica y con la responsabilidad necesaria para afirmar lo que afirmaba". Y agregó: "me imagino o presumo que un especialista en salud, que además es el ministro, que públicamente se atreve a hacer estas afirmaciones, previamente hizo algunos análisis".

PERJUICIO.- "Las medidas injustas e inequitativas de la Provincia, que en última instancia llevaron a la notificación de la rescisión del contrato de concesión por la CAA el 27 de agosto de1997, menoscabaron y dañaron el núcleo económico de la inversión de las demandantes".

CALLEJON SIN SALIDA.- "Las acciones de la Provincia -partiendo de los primeros meses de la concesión, siguiendo con su indebido accionar reglamentario, y terminando por las modificaciones unilaterales del contrato del 8 de abril de 1998- tuvieron la consecuencia necesaria de forzar a la CAA a rescindir el contrato de concesión. El Gobierno provincial, sencillamente, no estaba dispuesto a aprobar y respaldar la explotación de la concesión por parte de la CAA en las condiciones establecidas en el contrato de concesión acordadas originalmente. Finalmente, la Provincia sencillamente no dejó a la CAA ninguna opción".