Por Redacción Política
14 Agosto 2007
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El Gobierno de Tucumán notificó el 13 de junio, mediante una carta documento, que archivaba las presentaciones efectuadas por vía administrativa por Olga del Valle Córdoba, quien reclama la propiedad de las 400 hectáreas sobre las cuales se encara el emprendimiento habitacional Lomas de Tafí.
En ese texto, el secretario general interino del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Pedro Armando Arreguez, sostiene que quienes patrocinan a la demandante no remitieron la documentación requerida para acreditar su condición de legítima heredera de esas tierras.
La versión oficial
La misiva detalla que a fines de marzo de 2006 se solicitó a Córdoba que adjunte la documentación que acredita los derechos que invoca. Ella, según el texto, presenta copias de los antecedentes que luego constituyen parte de la presentación judicial efectuada el 7 de abril pasado.
Arreguez destaca que, con posterioridad, se pide a la mujer que identifique cuáles son los inmuebles que ella reclama como propios y sobre los cuales pide que se abstengan de construir cualquier obra, junto con los documentos que certifiquen que son de su propiedad. Córdoba (según expresa la carta documento) enumera cuatro dominios registrales, e indica que ya en la respuesta que envió al pedido que le hicieron en marzo figuran esos documentos.
“El 9 de mayo de 2006, Córdoba informa que ante la falta de respuestas, el silencio y las evasivas de este organismo, procede a declinar la instancia y a solicitar el archivo de las actuaciones”, se precisa. El Ipvdu, por su parte, rechazó esas manifestaciones y la intima a que en 10 días hábiles presente la documentación que dé cuenta sobre sus derechos.
El 30 de junio de 2006, se presenta Pedro Isaac Pabón como apoderado de la demandante, quien rechaza la respuesta del Ipvdu por considerarla improcedente y ratifica la decisión de declinar la instancia administrativa.
Como consecuencia, y siguiendo el dictamen de la asesoría legal, el organismo resolvió aceptar el desestimiento y procedió a comunicar el archivo de las actuaciones.
En ese texto, el secretario general interino del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Pedro Armando Arreguez, sostiene que quienes patrocinan a la demandante no remitieron la documentación requerida para acreditar su condición de legítima heredera de esas tierras.
La versión oficial
La misiva detalla que a fines de marzo de 2006 se solicitó a Córdoba que adjunte la documentación que acredita los derechos que invoca. Ella, según el texto, presenta copias de los antecedentes que luego constituyen parte de la presentación judicial efectuada el 7 de abril pasado.
Arreguez destaca que, con posterioridad, se pide a la mujer que identifique cuáles son los inmuebles que ella reclama como propios y sobre los cuales pide que se abstengan de construir cualquier obra, junto con los documentos que certifiquen que son de su propiedad. Córdoba (según expresa la carta documento) enumera cuatro dominios registrales, e indica que ya en la respuesta que envió al pedido que le hicieron en marzo figuran esos documentos.
“El 9 de mayo de 2006, Córdoba informa que ante la falta de respuestas, el silencio y las evasivas de este organismo, procede a declinar la instancia y a solicitar el archivo de las actuaciones”, se precisa. El Ipvdu, por su parte, rechazó esas manifestaciones y la intima a que en 10 días hábiles presente la documentación que dé cuenta sobre sus derechos.
El 30 de junio de 2006, se presenta Pedro Isaac Pabón como apoderado de la demandante, quien rechaza la respuesta del Ipvdu por considerarla improcedente y ratifica la decisión de declinar la instancia administrativa.
Como consecuencia, y siguiendo el dictamen de la asesoría legal, el organismo resolvió aceptar el desestimiento y procedió a comunicar el archivo de las actuaciones.
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