Demanda contra la provincia por $ 327 millones

La Provincia encaró el emprendimiento habitacional Lomas de Tafí, con fondos de la Nación, en terrenos cuya propiedad es reclamada por particulares. Estos, en una demanda civil iniciada ante la Justicia Federal, reclaman la restitución de las 400 hectáreas e interpusieron una medida cautelar de no innovar para que cese de inmediato cualquier obra en esas tierras. A las vez, denuncian la supuesta comisión de una serie de presuntas irregularidades y reclaman un resarcimiento por $ 327,2 millones.
LA GACETA tuvo acceso en Buenos Aires a una copia de la "demanda de reivindicación, redargución de falsedad y daños y perjuicios", promovida en contra del Estado nacional, de la Provincia y de dos escribanas tucumanas. Fue presentada ante el Juzgado Nacional de I Instancia en lo Civil y Comercial Federal por el abogado Juan Ramón Arano. El letrado patrocina a Olga del Valle Córdoba (reside en Capital Federal), quien se presenta como legítima propietaria de los terrenos taficeños en cuestión. (ver "Tierras...") Hoy, la demanda está radicada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por una cuestión de competencia.
En la presentación, se reclama que los inmuebles sean reintegrados sin ocupantes y con la demolición de cualquier construcción. Se plantea, además, que serían falsas, y por tanto nulas, las tres escrituras traslativas de dominio, varios planos de mensura y división, y numerosas inscripciones registrales de matrículas catastrales y de padrones.
Los terrenos que están en litigio son los que fueron adquiridos por el Banco Empresario de Tucumán (hoy liquidado) a la Compañía Azucarera Concepción (CAC), y luego vendidos a la Provincia.
La demanda objetó la validez de esa operación, primeramente, por vía administrativa. Pero luego desistió de esa instancia y acudió a la Justicia, inculpando al Gobierno de la presunta falsificación de documentos públicos.

"Vicios legales"
"Nos encontramos frente a una maniobra rayana en el delito. Sin duda alguna, irregular y plagada de vicios legales, con el solo objeto de lograr la apropiación indebida de la propiedad", afirma el texto. En él, se acusa a la Provincia de haber recurrido al "camino más corto, el de la ilegalidad" para apoderarse de los terrenos, "ya que falsearon ideológicamente instrumentos públicos, como son las escrituras públicas, los planos catastrales y las planchas registrales. Hoy ostentan liviana, ligera y públicamente su supuesta titularidad de dominio", repudia la presentación.
Justamente, un aspecto central en el juicio que se promueve consiste en cuestionar las escrituras en las que el Poder Ejecutivo provincial se apoya para afirmar que las tierras de Lomas de Tafí le pertenecen legítimamente.
En primer lugar, apuntan contra la escritura pública Nº 475, del 9 de octubre de 2000, pasada ante la Escribanía de Gobierno, entonces a cargo de Graciela María Alú. Afirman que tiene vicios que la tornan nula.
Mediante ese documento, el Banco Empresario vende al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) dos fracciones "dentro de un inmueble de mayor extensión". El abogado de Córdoba sostiene que la escribanía oficial no puede afirmar que el vendedor es titular de un inmueble de mayor extensión, porque de ser así, debería aparecer una propiedad del mismo banco como uno de los límites de esas porciones menores. Sin embargo, en la misma escritura, la entidad no aparece como lindero. Por ello, la demanda sostiene que la escribana, con sus dichos, "convalidó y dio fe para facilitar la apropiación indebida del predio".
Una de las fracciones tiene 271 hectáreas y es identificada como C en los planos oficiales, y la otra tiene 122 hectáreas, y es denominada D. Sin embargo, en la presentación aseguran, que mediante un plano de mensura y división de 1999 se modificó la denominación de las fracciones en compraventa. La fracción D pasó a llamarse D1, y la fracción C pasa a llamarse C2. "Con ello, se pretendió eliminar todo rastro de las matrículas y padrones originales", se asevera. Según la demanda, idéntica mecánica se empleó en la donación de dos fracciones por parte del banco a la Provincia: una de 6,2 hectáreas y otra de una hectárea. Por estos motivos, entre otros, en la demanda se reclama la declaración de nulidad de numerosos planos.
En segundo lugar, se objeta la escritura pública Nº 817 de 1999, pasada ante la escribana María Emilia Colombo de Anadón, por la cual la CAC vende el predio de 400 hectáreas al Banco Empresario. Según la demanda, la notaria hace constar en la escritura de compra-venta que "existen anotadas inhibiciones por la persona mencionada (la CAC), las cuales se encuentran levantadas al solo efecto de escriturar la presente venta, levantamiento que se encuentra debidamente inscripto en el Registro Inmobiliario de la provincia de Tucumán". Pero el abogado Arano repara en que no se indica qué juez otorgó la autorización, ni qué juzgado intervino, ni el motivo por el cual se debió solicitar una autorización judicial para la venta. De igual modo, no se deja constancia de su exhibición ante la notaria.
"Resulta claro que la CAC estaba inhibida para realizar cualquier operación inmobiliaria y de cualquier naturaleza, porque se encontraba en proceso de quiebra", sostiene el letrado.
En tercera y última instancia, se advierte que tampoco puede emplearse como antecedente dominial la escritura pública 272, de 1936, por la cual los herederos de Ramón Guzmán venden una propiedad a la CAC. Según esa firma, el banco y el Gobierno, esas tierras son lo que hoy se conoce como Lomas de Tafí.
Pero la demanda advierte que el predio en cuestión estaba ubicado en terrenos que hoy corresponderían a San Miguel de Tucumán y no a Tafí Viejo. Como agravante, recuerdan que los herederos rechazan, en 1936, un informe del Registro de la Propiedad: les asignaba otros cuatro terrenos, que ellos niegan que les correspondan. Justamente, el predio que venden tiene sólo 146 hectáreas, y no las 400 hectáreas del emprendimiento habitacional.
El planteo ante la Justicia Federal es justificado en el hecho de que para llevar adelante Lomas de Tafí, el Ipvdu ingresa en el "Programa Federal de Construcción de Viviendas". La ejecución del plan fue, luego, autorizada, por el subsecretario de Vivienda de la Nación, Luis Bontempo. Y recuerdan que el funcionario fue denunciado penalmente por el diputado nacional Esteban Jerez por presuntos sobreprecios en el valor de las viviendas.