El gran bonete

Otra vez los afiches anónimos desnudan la vergüenza y la irresponsabilidad de quienes son incapaces de dar la cara, y dicen lo que quieren con total impunidad. Es fácil, en una provincia donde la policía está devaluada y los funcionarios del Poder Ejecutivo son una máquina de dudar que opera hacia adentro y producen poco hacia afuera. En este escenario muchos legisladores también aparecen mirados de reojo por su conducta. Entonces, poco se puede esperar de este Tucumán donde los reclamos de idoneidad y transparencia que a veces hacen algunas instituciones como la misma Iglesia, pasan inadvertidos como el agua de un río.
Es tal el desorden del equipo de Julio Antonio Miranda que los rumores a veces tienen más fuerzas que las políticas de gobierno. De ese modo se mueven los funcionarios y no asumen las responsabilidades que les competen. Si lo hicieran lograrían que la sociedad se reconcilie con los interlocutores políticos a los que delegó el poder. Ante cualquier problema que surge en las filas del equipo de Gobierno, siempre el responsable es otro -la prensa o la Iglesia, según el momento- y la autocrítica brilla por su ausencia.
Lentamente pareciera que al gobernador se le va de las manos la gestión, cuando ni siquiera puede realizar las modificaciones que él mismo desea para transformar una administración que enfocó dos aspectos de la realidad tucumana. Por un lado, se puso especial esfuerzo en la reforma de la Constitución y, por el otro, se trabajó en pos de la paz social, que no es otra cosa que pagar los sueldos lo antes posible. Ni siquiera se analizó que la sobreemisión de bonos para sostener este objetivo podría ser un bumerán financiero. El resto hace agua cada día más.
Seguramente, se ha llegado a esta instancia por una crisis descarnada que golpea en todos los planos a la sociedad tucumana. Si no, cómo se explica que se sospecha que hubo 27 legisladores que estarían implicados en un caso de cohecho. Lo denuncia alguien que estuvo en la Justicia porque habría falseado su documento, como Ricardo Bussi. El juez que estudia el caso (Víctor Pérez), para peor, dijo ser amigo de quien no lo era para escapar de la causa. Pobre Tucumán.