Fallo contra un grupo por "créditos fiscales falsos"

Una compleja trama familiar; empresas y operaciones ficticias; prestanombres y hasta la supuesta connivencia de agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Todos estos condimentos describe el auto de procesamiento que Daniel Bejas, a cargo del Juzgado Federal N° 1, dictó contra la supuesta asociación ilícita compuesta por Eduardo Domingo Molinari, dos de sus hijos (Guillermo Andrés y Eduardo Luis), una de sus nueras (Alejandra Viridiana Caballero), dos de sus ex parejas (Rosalba Antonieta Albornoz y Sandra Soledad Figueroa) y un yerno (Gustavo Arturo Suleta). La presunta organización, que habría actuado desde 1990 en Tucumán, en Salta, en Santa Fe y en Buenos Aires, habría tenido por fin “falsear documentos, hacer uso de ellos, fraguar operaciones, defraudar al fisco, enriquecerse ilícitamente, y también facilitar la comisión de ilícitos por parte de contribuyentes de existencia real y genuina”, según consta en dos  sentencias de 230 y de 213 fojas, que ya fueron apeladas.  
A Molinari padre y a Guillermo Andrés Molinari, Bejas los procesó por encontrarlos presuntos responsables de siete delitos, todos en concurso real: aprovechamiento indebido de subsidios, obtención fraudulenta de beneficios fiscales, retención indebida de tributos (con circunstancias agravantes), falsificación material de documentos públicos y privados, falsificación ideológica, uso de documento falsificado y asociación ilícita. Por eso, además de trabar embargos sobre sus bienes hasta cubrir los $ 3 millones en cada caso, el juez subrogante también les dictó la prisión preventiva, que están cumpliendo en la cárcel de Villa Urquiza.
Por los mismos delitos, aunque como supuestos partícipes necesarios, Bejas procesó -sin prisión preventiva- a Eduardo Luis Molinari, Albornoz, Figueroa y Suleta, contra quienes ordenó embargos por $ 1 millón (Molinari y Suleta) y $ 2 millones (sobre los bienes de las otras dos). También procesó en las mismas condiciones a Caballero, como presunta partícipe necesaria de falsificación material de documentos públicos y privados, falsificación ideológica, uso de documento falsificado y asociación ilícita, en concurso real. El embargo, en este caso, fue por $ 1 millón.  

Idas y venidas
El origen de la larga investigación es una denuncia efectuada el 15 de julio de 2003 por Sergio Guillermo Soto (ver “Intereses...”) ante la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), que la remitió al fiscal federal general, Gustavo Gómez. Este ordenó que fuera acumulada a la actuación preliminar que había en marcha por una denuncia de la AFIP. Luego intervino el fiscal Emilio Ferrer (N° 1), cuya investigación quedó plasmada en tres anexos de 2.126 fojas en total.       
El grupo actuaba por medio de EDM Group Export Import S.A., Rosario Integral Agropecuaria SRL y Transporte Mercosur S.R.L. Respecto de la primera, cuyo principal accionista era Molinari padre, durante los períodos fiscales 2003 y 2004, presentó ante la AFIP declaraciones juradas, según las cuales había obtenido ingresos por ventas  por más de $ 28 millones y $ 55 millones, respectivamente. Frente a semejantes volúmenes, los investigadores enfatizaron en la supuesta incongruencia que surgía del hecho de que tamañas ventas tuvieran, como contrapartida, escasas acreditaciones bancarias.
En la sentencia, Bejas da muchos ejemplos sobre el desfase entre el circuito comercial y el financiero que surgía de las operaciones del grupo. “Las ventas facturadas por el período comprendido entre marzo de 2002 y mayo de 2003 totaliza un neto de $ 36.373.072 y un IVA de $ 5.277.655, mientras que posee acreditaciones bancarias en dicho período por $ 475.577, surgiendo evidente la incongruencia existente”, advirtió.
La empresa también facturaba por actividades como venta de gasoil, trabajos de desmonte de fincas, servicios de topadora y de fumigación, pulverización y agroquímicos, venta y transporte de ripio. “Pero, según surge de las pruebas rendidas y demás documentación obrante durante la fiscalización, la empresa no contestó ningún requerimiento, ni aportó documentación, registros contables, ni de IVA Ventas y Compras”, puede leerse en la resolución. Y como corolario: “se puede concluir que las operaciones de ventas de cereales, y otros productos y/o servicios facturados, no existieron y que la firma es una de las empresas creadas con el fin de generar créditos fiscales a favor de terceros”.  
Para justificar que se trataba de una asociación ilícita, delito difícil de probar (hay que justificar la existencia de una organización y permanencia de ella en el tiempo, entre otros elementos), el juez subrogante concluyó que los miembros del grupo (muchos de los cuales pertenecían a la familia Molinari) aparecían recíprocamente como la contraparte de operaciones ficticias. “Algunos revisten la calidad de compradores, otros de vendedores, otros participaban en los movimientos bancarios; todos, básicamente por haber sido quienes falsificaban comprobantes respaldatorios de las operaciones, pretendían aparentar que se compraban y vendían entre sí. Luego transferían dichos documentos creados falsamente a terceros ajenos al grupos a fin de usarlos para generar crédito fiscal falso”, dijo.  
Bejas aclaró que la investigación no está agotada, por lo que no se puede descartar la posibilidad de que otras personas integren la presunta asociación ilícita. También efectuó otra importante precisión. “Tampoco sería casual, sino parte del planeamiento de un grupo organizado, como el que se investiga, la participación en él de agentes de la AFIP”, advirtió.

Proveedor, cliente e intermediario. Estos serían, según el juez federal subrogante Daniel Bejas, los tres roles que, al mismo tiempo, ejecutaron los procesados en el llamado “grupo Molinari”.
Según la investigación, la organización habría creado y utilizado empresas fantasmas (como “EDM Group Export-Import S.A.” y “Transporte Mercosur S.R.L.”) o  personas que serían meros prestanombres, con la finalidad de establecer cadenas de falsos proveedores para la venta aparente de granos (principalmente soja) y la prestación de servicios inexistentes. El grupo Molinari se habría aprovechado del crédito fiscal falso que las operaciones simuladas generaban a favor de los distintos integrantes de la asociación.
Con alta sofisticación, la organización habría comenzado a trabajar por lo menos desde 1990, dedicándose a adquirir productos agrícolas a pequeños productores no inscriptos en el fisco; adquisiciones que luego habría blanqueado mediante ventas recíprocas y ficticias entre distintos miembros del grupo. Estas transacciones producían crédito fiscal y la apariencia de legitimidad necesaria para desembocar en ventas finales a grandes empresas industriales y agroexportadoras.
Según la investigación, se habrían valido de documentación falsa, y de la colaboración de agentes de la AFIP-DGI y de contadores, que habrían firmado certificaciones de saldos de IVA de libre disponibilidad de elevadas cifras.

Según la Justicia Federal, durante la instrucción de la megacausa fueron aportadas pruebas suficientes para considerar a Eduardo Domingo Molinari el ideólogo y cabecilla de una asociación de más de tres personas constituida con fines presuntamente ilegales. La sentencia del 10 del corriente expresa: “este grupo estaría integrado casi totalmente por personas que tienen algún grado de parentesco, ya sea por consanguinidad o afinidad. Es el caso de la empresa EDM Group Export-Import S.A., de Rosario Agropecuaria Integral S.R.L. y del Transporte Mercosur S.R.L., de los contribuyentes Molinari (padre), Rosalba Antonieta Albornoz y Guillermo Andrés Molinari”.
En rigor, los siete procesados en la causa “Molinari, Eduardo Domingo y otros s/supuesta evasión fiscal” (expediente N° 917/4) tienen una relación directa con Molinari padre, ya sea de filiación (Eduardo Luis Molinari y Guillermo A. Molinari), de afinidad (Alejandra Viridiana Caballero, nuera, y Gustavo Suleta, yerno) o afectiva (Albornoz y Sandra Soledad Figueroa fueron ex parejas suyas, según surge del expediente.
La proximidad familiar de los procesados y la heterogeneidad de las actividades declaradas tanto por algunos de ellos como por las  jurídicas que integraban fueron circunstancias especialmente valoradas por el juez federal subrogante Daniel Bejas para subsumir la supuesta conducta del grupo en la figura de la asociación ilícita.
En la distribución del paquete accionario de EDM Group, Molinari padre, que era el apoderado general, tenía el 60%, mientras que sus hijos Eduardo Luis y Guillermo, 7% cada uno, al igual que Albornoz, entre otros. Caballero (presidenta) disponía del 2%. 
La misma cercanía entre los imputados también fue la que, cuatro años atrás, desencadenó la investigación a partir de la denuncia que Sergio Guillermo Soto formuló en la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO), en Salta.
Soto declaró que había conocido a Molinari (padre) por intermedio de su hermana, Susana Elizabeth Soto de Heredia. Agregó que la relación sentimental entre ambos le permitió entrar en contacto con aquel y que, por esa vía, pudo advertir que la familia Molinari se había organizado presuntamente para cometer hechos ilícitos.

El nombre de Eduardo Domingo Molinari ya había aparecido en la causa “Borquez”, que fue la detonante de la crisis que terminó con la destitución de Felipe Terán del Juzgado Federal Nº 2 por mal desempeño en el manejo de expediente vinculados a títulos de la deuda pública.
En agosto del año pasado, cuando el fiscal federal Carlos Brito solicitó que Terán, aún juez, fuera citado a declarar como imputado, invocó un informe de la AFIP-DGI. Según este, en febrero de 2005, por mandato de la empresa EDM Group Export-Import S.A., Cristina Fátima de Atim había adquirido Bontes 02 y 03, y luego los había transferido desde su cuenta comitente a la que tenía junto a su madre, Inés Yolanda Borquez. Tanto esta, como Atim y Terán -entre otros- están hoy procesados.
En el afán de desvincularse, Molinari envió una carta a LA GACETA (fue publicada el 27 de septiembre de 2006). Reconocía que le habían entregado $ 3,8 millones a Atim para que comprara bonos y los guardara (el fin era ingresar a un segundo canje) hasta que recibiera la orden de venderlos.