Aplicar una rebaja en el pago de la tasa de alumbrado público a los vecinos de Simoca, tal como lo dispone una ordenanza sancionada en 1999 por el Concejo Deliberante, sería adoptar una actitud demagógica. De esa forma, el Departamento Ejecutivo que conduce el intendente Miguel Paliza justificó el cobro del tributo sobre la base de los cálculos tarifarios de una ordenanza derogada hace ocho años.
A través del asesor letrado del municipio, Salvador José Argiró, el intendente peronista deslizó que la denuncia penal presentada por el concejal Francisco Saavedra tiene motivaciones políticas y carece de fundamento jurídico. El edil, también de signo peronista pero enfrentado a la conducción municipal, entabló una denuncia en contra de Paliza por la presunta comisión de los delitos de defraudación, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario.
“El concejal Saavedra lleva cuatro años de gestión y ahora se da cuenta de que se está aplicando una ordenanza que, dice, está derogada. Pero el gobierno de Paliza la sigue aplicando porque no hay otra norma”, señaló el funcionario.
El concejal, en su denuncia, detalló que la ordenanza 057, sancionada en 1993, estableció la base imponible de consumo de energía sobre la cual el municipio debería aplicar el valor de la tasa por el servicio de alumbrado público. Pero la norma, siempre según su escrito, fue derogada en agosto de 1999 por el Concejo Deliberante.
El edil recordó que la ordenanza modificatoria (009/99) rebajó los montos que debe percibir el municipio en concepto de tasa de iluminación callejera, pero que el Ejecutivo nunca ajustó los valores a la nueva ordenanza tarifaria.
El asesor letrado de la Municipalidad sostiene que la ordenanza a la que hace mención el concejal no está vigente. Explicó que sí fue sancionada y promulgada durante la gestión del intendente Luis González, pero que nunca fue publicada. “Por lo tanto no se puede aplicar, ya que una ordenanza es como una ley: debe tener publicación para su vigencia”, aseveró Argiró. Recordó, inclusive, que el antecesor de Paliza en la intendencia, Félix Mothe, tampoco aplicó la nueva norma. “Sería demagógico dictar una nueva ordenanza cuando faltan pocos días para las elecciones. Se cargaría con una responsabilidad al nuevo Gobierno municipal”, justificó el asesor letrado.
A través del asesor letrado del municipio, Salvador José Argiró, el intendente peronista deslizó que la denuncia penal presentada por el concejal Francisco Saavedra tiene motivaciones políticas y carece de fundamento jurídico. El edil, también de signo peronista pero enfrentado a la conducción municipal, entabló una denuncia en contra de Paliza por la presunta comisión de los delitos de defraudación, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario.
“El concejal Saavedra lleva cuatro años de gestión y ahora se da cuenta de que se está aplicando una ordenanza que, dice, está derogada. Pero el gobierno de Paliza la sigue aplicando porque no hay otra norma”, señaló el funcionario.
El concejal, en su denuncia, detalló que la ordenanza 057, sancionada en 1993, estableció la base imponible de consumo de energía sobre la cual el municipio debería aplicar el valor de la tasa por el servicio de alumbrado público. Pero la norma, siempre según su escrito, fue derogada en agosto de 1999 por el Concejo Deliberante.
El edil recordó que la ordenanza modificatoria (009/99) rebajó los montos que debe percibir el municipio en concepto de tasa de iluminación callejera, pero que el Ejecutivo nunca ajustó los valores a la nueva ordenanza tarifaria.
El asesor letrado de la Municipalidad sostiene que la ordenanza a la que hace mención el concejal no está vigente. Explicó que sí fue sancionada y promulgada durante la gestión del intendente Luis González, pero que nunca fue publicada. “Por lo tanto no se puede aplicar, ya que una ordenanza es como una ley: debe tener publicación para su vigencia”, aseveró Argiró. Recordó, inclusive, que el antecesor de Paliza en la intendencia, Félix Mothe, tampoco aplicó la nueva norma. “Sería demagógico dictar una nueva ordenanza cuando faltan pocos días para las elecciones. Se cargaría con una responsabilidad al nuevo Gobierno municipal”, justificó el asesor letrado.







