El Tribunal de Cuentas estudia los casos del Sepapys y de la DPV

El Tribunal de Cuentas (TC) espera novedades de las investigaciones judiciales referidas a presuntas irregularidades económicas, por cifras millonarias, detectadas en dos reparticiones del Estado. A partir del resultado de las pesquisas que están en marcha en sede penal, el ente de contralor iniciará sus propias actuaciones. Los procesos abarcan el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys) y la Dirección Provincial de Vialidad.
Respecto del Sepapys, el órgano de control insistió en un pedido al fiscal de Estado, Antonio Estofán, para que le remita información sobre el manejo de los juicios en esa repartición, eje de la causa que tramita el fiscal de la X Nominación, Guillermo Herrera. El expediente original denuncia la posibilidad de que se hayan cometido los delitos de defraudación a la administración pública y asociación ilícita, por el manejo de poderes aparentemente apócrifos para determinar deudas de usuarios. En el acuerdo 1.561, el TC requirió, además, copia de actuaciones realizadas en el organismo, que dirige Adrián Cúneo Vergés: auditoría judicial, informe contable y listado de juicios a fines de 1999.
El TC también tomó conocimiento de la notificación efectuada por el interventor de la DPV, Raúl Basilio, sobre el inicio de un sumario administrativo interno (expediente 3.791) para deslindar responsabilidades en relación con el presunto desfalco por $ 3 millones detectado en una auditoría del Ministerio de Economía y que es investigado por el fiscal de la IV Nominación, Carlos Sale.
La actuación abarca los movimientos en el Departamento Contaduría y en otras oficinas relacionadas con las retenciones practicadas al sindicato y a la asociación mutual del personal vial entre enero de 2003 y octubre de 2006. En esta labor no actúan los delegados fiscales del TC, ni empleados del órgano de control, sino sólo asesores jurídicos de Vialidad.
Cuando concluya la pesquisa, el ente fiscalizador recibirá los papeles, elaborará su propio dictamen (buscará establecer qué y cómo se pagó; a nombre de quién se lo hizo; quién y cuándo cobró, y de dónde salió la orden) y determinará si hubo daño patrimonial al Estado y quién es el responsable, para actuar contra él y reclamarle el reintegro de lo perdido.
Desde el TC se informó extraoficialmente que el dinero no pasó por su control preliminar, sino que fue abonado por la tesorería que tiene la DPV. Sucede que eran órdenes de pago en cheques y no libramientos formales, que es la modalidad de pago en la que se cumplen todos los controles.