"Los causahabientes de mártires asesinados durante la última dictadura militar, con inmenso dolor, gestionamos la reparación económica que, según mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos correspondía. No puede irresponsablemente, o quizás por motivos ideológicos, el fiscal Carlos Brito mezclarnos en la misma bolsa que aquellos que compraron especulativamente los bonos de la deuda después del default (cesación de pagos), a precio vil, para hacer negocios". Esto aseguró, en una nota dirigida a LA GACETA, Aurora Prados, viuda de Angel Pisarello, dirigente radical asesinado durante la última dictadura. La referencia de la mujer es al pedido del fiscal (a Mario Racedo, a cargo del juzgado federal Nº 2) para que sean remitidos a Buenos Aires los resultados de 21 actuaciones preliminares, a fin de que la Justicia Federal porteña investigue si el Ministerio de Economía de la Nación se excedió en el pago a particulares que habían accionando contra la pesificación de los títulos públicos. Entre los expedientes mencionados, aunque sin imputarle nada a ella, se encontraba la causa impulsada por Prados de Pisarello.







