Quieren prohibir el uso de celulares en las cárceles

BUENOS AIRES.- La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto que prohíbe el uso de teléfonos celulares en todas las unidades penitenciarias del país por parte de quienes estén cumpliendo condenas y quienes estén en calidad de procesados.
La norma, que fue aprobada por amplia mayoría el miércoles a la noche, busca reducir los ilícitos que puedan pergeñar los presos. Desde 2003, comenzaron a denunciarse en todo el país cientos de secuestros virtuales realizados desde dentro de la cárcel a veces para conseguir tarjetas telefónicas y otras veces para obtener dinero.
En varios casos, los delincuentes advierten a la víctima que tienen a su hijo secuestrado, al que liberarán si compran tarjetas de teléfono y les pasan los códigos de estas. En la cárcel, las tarjetas equivalen a efectivo y con los pulsos se compran y se venden elementos.
Si bien muchos secuestros virtuales se realizan desde los teléfonos públicos ubicados en las cárceles, los presos generalmente utilizan celulares e, incluso, llaman a distintas partes del país. Los celulares son casi armas para los reclusos. Son artefactos que establecen una jerarquía superlativa en las pujas de poder que distintos grupos mantienen en una cárcel.
La propuesta de bloquear los móviles en las cárceles había surgido en 2005. Juan Carlos Blumberg se lo había planteado al gobernador bonaerense Felipe Solá, para prevenir secuestros virtuales. Entonces, se había planeado bloquear dentro de las cárceles bonaerenses (donde está prohibido el uso de celular) las señales para que los móviles que entran en forma clandestina no puedan ser utilizados por los presos.
La norma aprobada por los diputados también establece que si los presidiarios utilizan teléfonos públicos o de línea, pertenecientes a los establecimientos penitenciarios, sus llamadas deberán ser grabadas para su eventual control.
Para estos casos, y según el proyecto, los teléfonos referidos deberán emitir una grabación donde se advierta a los presidiarios de tal situación antes de establecer la comunicación. Hasta ahora, estas llamadas sólo pueden ser intervenidas por orden de un juez.
Para evitar las llamadas extorsivas desde los teléfonos públicos de los penales, en 2005, la Secretaría de Comunicaciones había emitido una resolución para que todas las empresas telefónicas incorporen un mensaje de voz que alerte a los usuarios cuando una llamada provenga de una unidad penitenciaria de cualquier parte del país.
Sin embargo, luego de un tiempo los reclusos se las ingeniaron y lograron evadir la advertencia usando el sistema 0-800 de las tarjetas de pulsos telefónicos, que ellos mismos cobran como rescate por los falsos secuestros. (Télam- especial)