"Investigan a la víctima", señaló Iriarte

El abogado Luis Iriarte está fastidiado. “Investigan a la víctima cuando el Estado tramposamente dejó de pagarme los honorarios ganados en un juicio contra la Nación y ahora aparezco vinculado a maniobras delictivas por esos mismos títulos que quedaron impagos”, aseguró.
Por su actuación en un juicio laboral iniciado en 1987, a fines de 1998, Iriarte recibió bonos en pago de honorarios. Pero, en abril de 2002 debió accionar contra el Estado porque, además de dejarle de abonar por ellos, pesificó los títulos tras la declaración de default, de 2001. En 2003 obtuvo una medida cautelar de la Justicia Federal que ordenó a la Nación que se abstuviera de concretar la pesificación en su caso y que le devolvieran la renta mensual correspondiente.
El fiscal Carlos Brito pidió que 21 causas (entre ellas la de Iriarte) sean giradas a Buenos Aires para que la Justicia Federal porteña investigue si, a causa de las medidas cautelares dispuestas, el Ministerio de Economía se excedió en los pagos.
Iriarte criticó a Brito. “Es de extrema gravedad institucional girar a Buenos Aires una investigación preliminar donde se violó groseramente el derecho de defensa en juicio de quien aparece beneficiado con una presunta actitud delictiva del Ministerio de Economía sin darle oportunidad de cuestionar el criterio sobre el pago de los títulos”, dijo. “Brito, con ligereza imperdonable, interpreta que la renta mensual no comprendería la amortización de capital. La Ley 23.982 y el decreto reglamentario 2.140/91 ordenan el pago en forma inescindible de amortización e intereses, bajo la denominación de renta mensual”, acotó. 


Amén de las 11 actuaciones preliminares cuyo archivo solicitó, en otros 21 casos, el fiscal federal Carlos Brito requirió que los expedientes serán girados a la Justicia Federal porteña. El objetivo es que esta investigue si funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación incurrieron en peculado al haberse, presuntamente, excedido en pagos efectuados a particulares que en Tucumán habían accionado contra el Estado nacional por la pesificación de los títulos de la deuda pública. No obstante, ni el fiscal ni el juez subrogante Mario Racedo, que accedió al pedido de Brito, hicieron ninguna referencia ni pusieron en tela de juicio la conducta de los particulares que habían entablado la demanda. Incluso, se limitaron a hablar de supuesto peculado, delito sólo referido al funcionario público que sustrae caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le fue confiada por razón de su cargo. El listado de las causas que serán remitidas a Buenos Aires fue publicado ayer por LA GACETA.