Brito no encontró delitos en 11 actuaciones y las archivó

El escándalo por los títulos de la deuda pública, que generó un revuelo en la Justicia Federal, ingresó en la etapa de desenlace. Antes del inicio de la feria judicial, el fiscal federal Carlos Brito pidió el archivo de 11 actuaciones preliminares (ver "Listado...") que había iniciado como consecuencia de la auditoría que la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) concretó en los dos juzgados, en 2005. Consideró que, en relación con ellas, no había delito que investigar.
El relevamiento de la PTN fue el primero en advertir sobre posibles irregularidades en la tramitación de causas, sustanciadas en la órbita civil de los dos juzgados federales de la provincia, en la que particulares habían reclamado contra el Estado nacional por la pesificación (a $ 1,4 más CER por dólar) de los bonos (constituyen deuda asumida por el fisco) tras la declaración de cesación de pagos (default) que, a fines de 2001, siguió a la salida de la convertibilidad.
A partir del trabajo de la PTN, el propio Consejo de la Magistratura de la Nación dispuso su propia auditoría, a partir de cuyos resultados, a fines de 2005, fueron abiertos sendos sumarios contra los entonces jueces federales Felipe Terán y Jorge Parache. Como consecuencia de esto, el primero fue destituido en octubre del año pasado por mal desempeño, mientras que el segundo renunció. Si bien el presidente Néstor Kirchner le aceptó la dimisión desde el 31 de mayo de este año, Parache la había elevado el 20 de marzo y nueve días después el senador nacional Nicolás Fernández (PJ) había pedido que, como a Terán, lo sometieran a un proceso de remoción.
Amén de los sumarios en el Consejo, como consecuencia de la auditoría de la PTN, Brito inició cerca de 50 actuaciones preliminares, en el afán de determinar si, en cada caso, correspondía abrir una investigación penal propiamente dicha en relación con los expedientes civiles respecto de los cuales la Procuración del Tesoro había formulado advertencias. Originariamente, la PTN había emprendido la tarea con el fin de esclarecer cuál había sido en las causas el comportamiento de los abogados designados para velar por los intereses del Estado.

Razones
Del total de actuaciones preliminares, en relación con cuatro expedientes civiles ("Borquez", "Camandona", "Scaravilli López" y "Taranto") ya hay investigaciones penales en marcha por presunta tentativa o supuesta defraudación contra el Estado nacional. En ellas, entre otros, están imputados los ex jueces Terán ("Borquez" y "Camandona") y Parache (en las otras dos). A ello hay que sumar los pedidos de archivo vinculados a 11 casos. Estos deben ser resueltos por los jueces subrogantes Daniel Bejas y Mario Racedo, que reemplazan provisoriamente a Parache y a Terán, respectivamente.
Brito concretó los pedidos luego de haber solicitado informes a la Caja de Valores S.A. (se encarga de la custodia de los títulos) y al Ministerio de Economía de la Nación. Este le informó que no había pagado suma alguna en los 11 casos.
Además, el fiscal requirió el archivo tras haber concluido: "considero que no existe hecho delictuoso alguno que encuadre en lo tipificado en el libro II del Código Penal" (legisla sobre los delitos en particular). También aclaró que, en las mencionadas causas, no advertía "engaño o ardid alguno, sino que, por el contrario, (los particulares) se limitaron a solicitar la inconstitucionalidad" de la normativa que pesificó los títulos públicos.