Demasiado esfuerzo para magros resultados

“El Estado está en su máxima capacidad operativa, y está innovando frente al caos del tránsito. Este fin de semana hubo 29 secuestros por alcoholemia”, aseveró una alta fuente de la Policía Vial. Al mismo tiempo que el Estado funciona al máximo, causa alarma la creciente cantidad de accidentes. En Yerba Buena se registra un promedio de uno por día. ¿Para qué se esfuerza, entonces, el Estado?
La pregunta no es fácil de responder. Los funcionarios de José Alperovich, entusiasmados con el impacto que han causado en la sociedad los controles de alcoholemia, están conformes con lo que consideran una buena política y dicen que, como en el caso de la ley de las 4 de la mañana, se trata de un problema cultural. Afirman, incluso, que ahora se registran menos accidentes.
Pero no tienen pruebas porque no hacen estadísticas. Los únicos que las hacen son los policías, y no siguen un método confiable. Quienes sí realizan relevamientos son los médicos. El emergentólogo Juan Masaguer, del Siprosa, está espantado porque los siniestros no han bajado y, en algunas áreas -como en las calles capitalinas y en la ruta 38- los índices son elevados.
La Policía Vial se apresta a enfrentarse con una zafra muy estresante porque, como están destruidos los caminos alternativos a causa de las inundaciones del verano, todo el transporte cañero se canalizará por la ruta 38. Hay 300 policías viales y 100 de Transporte haciendo controles.
A eso se suman medidas clásicas, como los lomos de burro que proliferan por todas partes (Yerba Buena está saturada de estas construcciones) y, desde hace dos años, los semáforos, que en Tucumán no han sido colocados como instrumentos para agilizar el tránsito sino para hacerlo más lento.
Hasta ahora, lo que se está haciendo muestra que el mismo sistema, cada vez más represivo y de control, es incapaz de hacer prevención y de bajar el índice de accidentes. Una de las razones de ello es que se trata de medidas aisladas cuya fuerza depende del interés efectista del empuje del gobernador -que presiona a sus funcionarios con algunas medidas determinadas- y no de una política global de seguridad. De otro modo, no se entiende por qué el principal municipio de Tucumán tiene 2.000 colisiones por trimestre y a la vez sus agentes viales y sus jueces de faltas están anulados por falta de un sistema informático que permita hacer efectivas las multas. Y están con la amenaza de que la Policía de Alperovich los suplante para hacer multas. Tampoco se entiende que sigan discutiendo los municipios  sobre cómo se aplica la Ley nacional de Tránsito, y que los legisladores todavía no se pongan de acuerdo sobre el carnet único. En la última sesión legislativa, el proyecto de ley sobre el carnet se cayó porque se intentaba crear un Consejo de Seguridad Vial que ya existe.
Es seguro que se trata de un problema cultural. Por eso a un mes de los operativos de alcoholemia ha habido tantos secuestros. Pero no sólo es un problema del peatón, del conductor o del pasajero; lo es de los funcionarios que deciden hacer una campaña de control de uso de cinturones de seguridad y luego la abandonan, que no capacitan a sus agentes y que no integran todo en un programa general de seguridad vial.