Marcha atrás institucional

Desde hace 15 días, la discusión en torno de cómo deben cubrirse provisoriamente las vacantes que se generan en la Justicia Federal ha causado demasiados ruidos institucionales entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura.
Es un problema que repercute particularmente en Tucumán. En primer lugar, porque a esta provincia corresponden los dos últimos subrogantes (Daniel Bejas y Alicia Noli en el Tribunal Oral en lo Criminal) nombrados agónicamente por el Consejo mediante el mecanismo que, precisamente, la Corte declaró inconstitucional el 23 de mayo. En segundo lugar -y más importante-, porque los dos juzgados del fuero, como consecuencia del escándalo que se llevó a Felipe Terán y que apresuró la renuncia de Jorge Parache, quedaron al frente de dos interinos (Mario Racedo y Bejas, respectivamente), cuyas transitorias investiduras se volvieron más frágiles aún (la de Bejas nació con esa mácula), más allá de que la propia Corte haya aclarado que todos los designados (por el Consejo) quedaban confirmados en los cargos. El golpe ya había sido dado.
Tras la novedosa sentencia, en el Consejo, como hacen los niños cuando están enojados, primero se empacaron. En la comisión de Selección de Magistrados, que en los hechos elegía los subrogantes, resolvieron que no iban a escoger a un interino más, y agregaron que tampoco iban a ratificar a aquellos que venían desempeñándose y cuyos nombramientos estaban próximos a vencer (en la volteada cayó Racedo). En realidad, jugaban a que la Corte reaccionara y que saliera a dar alguna señal que marcara cómo en los hechos iban a funcionar las cosas después del fallo.
Es curioso: en cuanta reunión o disertación hay los ministros del alto tribunal se jactan de que, con ellos, se acabó en la Argentina aquello de que los jueces sólo hablaban por sus sentencias, porque las decisiones de trascendencia social deben ser explicadas para minimizar los riesgos de la incertidumbre. No obstante, pese a la zozobra generada en todo el país como consecuencia del fallo sobre las subrogancias, en la Corte parece haber recobrado vigencia el antiguo adagio. Por ello, en el Consejo ahora decidieron forzar a que el tribunal se pronuncie. Esa es la explicación de la audaz e inédita propuesta de la diputada kirchnerista Diana Conti de que la comisión de Selección -no ya el plenario del Consejo, formado por los 13 miembros- invite a los ministros de la Corte a que vayan a explicar quién designará a los interinos hasta que sea sancionado un nuevo mecanismo.
La desafiante iniciativa de los kirchneristas (Carlos Kunkel apoyó fervorosamente a su par, Conti) sonrojó a los representantes de los jueces que asistieron a la última reunión de la comisión de Selección (Luis María Bunge Campos y Luis María Cabral). Porque no se trata de los 200 metros que, plaza Lavalle mediante, separan el edificio del Consejo del de la Corte en la Capital Federal y que cualquier ministro del alto tribunal podría recorrer tranquilamente, sino del lenguaje institucional que se traduce por medio de los hechos.

Retroceso
Este cortocircuito es un síntoma de lo desdibujado que ha quedado el Consejo tras los cambios introducidos el año pasado por la Ley 26.080, sancionada nada menos que a instancias de la esposa del Presidente, la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Esa norma no sólo redujo de 20 a 13 el número de consejeros, sino que rompió el equilibrio que antes había entre los representantes del poder político, los de los jueces y los de los abogados, a favor del primer segmento, claro. Además, antes el presidente de la Corte encabezaba, al mismo tiempo, el Consejo en la concepción de que, aun cuando este último es un órgano híbrido y de composición mixta (en él hay legisladores, abogados, un académico y un consejero por el Poder Ejecutivo), actúa dentro de la órbita del Poder Judicial. Desde noviembre ya no sucede lo mismo. De hecho, Pablo Mosca (representante de los abogados) encabeza el Consejo. Esto, si bien le dio mayor preponderancia y peso específico al oficialismo, le quitó vuelo institucional al Consejo y hasta lo volvió extraño a la propia Corte. La prueba es que ahora los consejeros (como hizo Conti) invitan a los ministros del alto tribunal que antes, por medio de su presidente, también sujetaban las riendas del Consejo y, por ende, participaban de sus decisiones.
Quizá el fallo de la Corte también deba ser leído a partir de este nuevo tablero, según el cual un Consejo con un perfil más político que institucional designaba a subrogantes que, en muchos casos, terminaban durando muchos más que los 18 meses que la ley lo permitía.