El centralismo hizo crisis en Santa Cruz

La crisis en la provincia de Santa Cruz es el epígono de un sistema político que rechaza al diálogo como recurso para el buen gobierno. Víctima y representante de este ha sido el gobernador Carlos Sancho, quien, acosado por los acontecimientos, debió renunciar tras una conferencia de prensa a la que sólo permitió asistir a los medios controlados por el oficialismo. No puede decirse a esta altura del conflicto provincial que la grave situación tenga su origen en las demandas insatisfechas del gremio docente, a las que se sumaron las de los trabajadores estatales y municipales, pues las marchas de  protesta reiteradas tuvieron en más de una oportunidad un volumen de concurso ciudadano superior al de partido político alguno.
Todo indica así que en Santa Cruz se estuvo incubando durante más tiempo que el aparente una disconformidad muy extendida socialmente, en la que, por falta de diálogo con el Gobierno local, la sociedad debió acudir a una mediación del obispo Juan Carlos Romanín. Otra particularidad decisiva del conflicto provincial ha sido la coincidencia clasista de la sociedad que, como en el caso de Misiones, llegó a congregar bajo demandas comunes a sectores sociales e ideológicos muy diversos que aceptaron una mediación semejante, por lo cual el conflicto se convirtió en una referencia nacional.
A la renuncia de Sancho, por carencia de vicegobernador, deberá seguir constitucionalmente la asunción del gobierno por el presidente de la Legislatura unicameral, siguiendo en ese orden el vicepresidente y, por indisponibilidad de ambos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Cualquier atajo adverso al sistema señalado sería inconstitucional y agravaría aun más la alarmante situación santacruceña. Esta reserva o eventualidad no debe ignorarse cuando es público y notorio que la administración provincial se ha estado manejando por control remoto desde la Casa Rosada por el Presidente de la Nación desde su asunción del Gobierno federal.
Testimonio elocuente de esta realidad ha sido el hecho de que el conflicto docente provincial por salarios se tratase de resolver en el Ministerio de Trabajo de la Nación, cuya conciliación fue rechazada en razón de una circunstancia inédita:  el personal público de Santa Cruz carece de derecho a paritarias desde 1991 y los básicos mínimos que percibe son incrementados con asignaciones por presentismo y que no cuentan para la previsión social, constituyendo una falacia la afirmación oficial sobre la calidad salarial.
Sorprende la carencia de visión política oficial en el orden nacional sobre el significado de los hechos de Santa Cruz, después de lo ocurrido en Neuquén, donde el problema docente, agravado por un asesinato represivo, fue resuelto mediante el diálogo del Gobierno local para restaurar la paz social. Más de una decena de heridos en Río Gallegos se necesitaron para que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, descabalgara de sus denuncias sobre “autoheridos” para reconocer a pocas horas que Carlos Sancho fue el “enorme promotor” de la veintena posterior.
Al modelo centralista de hecho que la crisis del milenio llevó al país federal, se ha sumado ahora un testimonio de extraordinario presidencialismo, por momentos hegemonista, y sostenido en el caso de la provincia natal del Presidente, al que debe ponerse fin restaurando la autonomía. Si ello no se logra, nuestro país seguirá dando señales muy perniciosas de inseguridad política, social y jurídica.