Inseguridad empresaria

Por Marcelo Aguaysol, Readacción LA GACETA.

Un comerciante del microcentro, café de por medio, le comenta a otro muy preocupado: "ya no sé qué hacer con tanta inseguridad; al final, pago los impuestos y nadie me garantiza el servicio de seguridad". La reflexión del comerciante sintetiza la "sensación" de inseguridad que reina entre las cámaras empresariales. Está claro que la ola delictiva que azota al centro tucumano significará el refuerzo de medidas por parte del sector privado que, según la voz de muchos dirigentes, atenta contra el orden público y social. Así, las quejas ya no apuntan a la alta presión fiscal, sino a otro costo adicional, el de seguridad, que pasó a convertirse en un ítem importante en los gastos fijos de cada empresa.
Muchos asociados a la Federación Económica de Tucumán (FET) pueden dar fe de este reclamo, cada vez más fuerte, que no sólo se concentra en esta capital, sino que también afecta a los comerciantes del sur provincial. Varios propietarios de comercios debieron contratar personal de seguridad privada para atender el déficit en el servicio público, pese a que el Gobierno contrató más personal y destinó más dinero a este sector.
Al iniciar la gestión de José Alperovich, el Poder Ejecutivo partió sobre una base de gastos por un total de $ 103,8 millones, de los cuales $ 90,5 millones tenían como destino cubrir las necesidades del Departamento General de Policía.
La postal 2007 de esa sensible área del Gobierno muestra que los gastos se dispararon a $ 238 millones, poco más del doble que hace tres años y medio. En la planta permanente del sector Seguridad de Tucumán hay cerca de 9.000 efectivos, casi 2.500 agentes más que cuando arrancó la actual administración. Los números demuestran que el problema de seguridad -el talón de Aquiles de la gestión alperovichista- no pasa por una cuestión netamente financiera, sino que se trata de problemas de políticas de seguridad. Tal como lo vienen marcando los empresarios.
La inseguridad dejó de ser una sensación general, como suelen argumentar algunos moradores de la Casa de Gobierno cuando se les consulta por qué, en los últimos días, hay más hechos delictivos. Para el mundo empresarial se convirtió en otro gasto fijo que implicará ajustes de balances, más allá de que desde la sede del Poder Ejecutivo se insista en que la situación se está encarrilando, que habrá más control televigilado en el microcentro y que, hacia setiembre, estará totalmente digitalizado alrededor de 800.000 prontuarios policiales.
La pregunta que muchos hombres de negocios se hacen es por qué crecieron tanto los índices de robos, arrebatos y otros delitos contra la propiedad privada si el Estado asignó más recursos y más gente para reforzar la seguridad ciudadana y, por ende, la seguridad jurídica. Y en este último concepto vale el análisis que hizo Pedro Frías, presidente honorario de la Academia Nacional de Derecho: "la seguridad es el contexto dentro del cual se toman las decisiones individuales y las interacciones de los actores sociales; para ellos, es la expectativa de que el marco legal es y será confiable, estable y predecible. Para que así sea, es indispensable que las decisiones de los actores políticos se tomen según la lógica de las reglas y no según la lógica de la discrecionalidad". Algo que en Tucumán debería corporizarse.