27 Abril 2007 Seguir en 
Todo indica que si las últimas elecciones generales se realizaron mediante un régimen improvisado y semejante al de lemas como consecuencia de la crisis del Partido Justicialista -tres fórmulas presidenciales- las próximas tendrán una singularidad más sorprendente: la virtual extinción del sistema de internas, el avasallador imperio de la “dedocracia” en las designaciones de candidatos, y la creciente desaparición de los partidos, sustituidos por alianzas o coaliciones electoralistas. Por otra parte, la desembozada violación del Código Electoral y del régimen de gastos políticos se manifiesta en la confusión de actos proselitistas costosos por parte del oficialismo más elevado, que bajo el disfraz de anuncios de gobierno exhiben un desprejuiciado proselitismo. Esas situaciones son más ostensibles en las actividades públicas del ministro de Educación, Daniel Filmus, quien debe someterse a las urnas en dos meses como aspirante a gobernar el distrito federal, sin haberse alejado de su cargo y utilizando recursos públicos.
Por su parte, el vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, hace su campaña como candidato a la gobernación de Buenos Aires, habiendo sido nominado directamente por el Presidente de la Nación, quien suele acompañarlo y promoverlo en frecuentes reuniones electoralistas. Esos comportamientos oficiales, difíciles de controlar por la autoridad judicial electoral, tienen lógica respuesta entre los sectores de la oposición que, aun no contando con recursos y medios semejantes, han contribuido al electoralismo prematuro.
La anticipada confrontación preelectoral ha provocado, por otra parte, un estado de anomia legislativa en el Congreso que, sin duda, es posible por las amplias facultades conferidas al Poder Ejecutivo, y se refleja en los escasos debates donde emergen las rivalidades electorales. Testimonio reciente ha sido el informe del jefe del Gabinete a la Cámara de Diputados, donde la oposición estuvo ausente ante la reticencia de aquel a aceptar el diálogo, y sus imputaciones sin repreguntas al alcalde porteño. Más que el informe periódico que impone la Constitución a la Jefatura del Gabinete, la sesión semejó una conferencia, consecuente con la sentenciosa definición del senador Miguel Angel Pichetto, según la cual se sienta en su banca para cumplir con lo que ordene el Poder Ejecutivo. Si no todos los representantes parlamentarios comparten esa docilidad mayoritaria del Poder Legislativo, lo evidente es que el Congreso trabaja a media marcha por causa de la anticipada confrontación electoral, olvidando que los representantes lo son del pueblo y de las provincias.
El inquietante panorama que presenta el año electoral contribuye fundamentalmente a desorientar a los electores, que observan en esa confrontación entre el oficialismo y la oposición, la desaparición virtual de los partidos políticos como mediadores de la representación democrática. Un fenómeno fuertemente contradictorio del rol que les asigna la Constitución reformada en 1994 como organizaciones intermedias y de militancias programáticas en los intereses generales. La anulación de las internas abiertas obligatorias y el nulo interés en normalizar al Partido Justicialista, intervenido hace más de dos años, significan un llamado de atención a la ciudadanía democrática, pues la alternativa de esa omisión no es otra que el personalismo. Un estilo de poder que remite a ominosas experiencias del pasado reniega de los valores de la sociedad libre y, fundamentalmente, de nuestro modelo constitucional. El voto exige, por ello, la conciencia de que se eligen representantes con facultades controladas de acuerdo con el sistema republicano.
Por su parte, el vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, hace su campaña como candidato a la gobernación de Buenos Aires, habiendo sido nominado directamente por el Presidente de la Nación, quien suele acompañarlo y promoverlo en frecuentes reuniones electoralistas. Esos comportamientos oficiales, difíciles de controlar por la autoridad judicial electoral, tienen lógica respuesta entre los sectores de la oposición que, aun no contando con recursos y medios semejantes, han contribuido al electoralismo prematuro.
La anticipada confrontación preelectoral ha provocado, por otra parte, un estado de anomia legislativa en el Congreso que, sin duda, es posible por las amplias facultades conferidas al Poder Ejecutivo, y se refleja en los escasos debates donde emergen las rivalidades electorales. Testimonio reciente ha sido el informe del jefe del Gabinete a la Cámara de Diputados, donde la oposición estuvo ausente ante la reticencia de aquel a aceptar el diálogo, y sus imputaciones sin repreguntas al alcalde porteño. Más que el informe periódico que impone la Constitución a la Jefatura del Gabinete, la sesión semejó una conferencia, consecuente con la sentenciosa definición del senador Miguel Angel Pichetto, según la cual se sienta en su banca para cumplir con lo que ordene el Poder Ejecutivo. Si no todos los representantes parlamentarios comparten esa docilidad mayoritaria del Poder Legislativo, lo evidente es que el Congreso trabaja a media marcha por causa de la anticipada confrontación electoral, olvidando que los representantes lo son del pueblo y de las provincias.
El inquietante panorama que presenta el año electoral contribuye fundamentalmente a desorientar a los electores, que observan en esa confrontación entre el oficialismo y la oposición, la desaparición virtual de los partidos políticos como mediadores de la representación democrática. Un fenómeno fuertemente contradictorio del rol que les asigna la Constitución reformada en 1994 como organizaciones intermedias y de militancias programáticas en los intereses generales. La anulación de las internas abiertas obligatorias y el nulo interés en normalizar al Partido Justicialista, intervenido hace más de dos años, significan un llamado de atención a la ciudadanía democrática, pues la alternativa de esa omisión no es otra que el personalismo. Un estilo de poder que remite a ominosas experiencias del pasado reniega de los valores de la sociedad libre y, fundamentalmente, de nuestro modelo constitucional. El voto exige, por ello, la conciencia de que se eligen representantes con facultades controladas de acuerdo con el sistema republicano.







