"Debemos atacar en conjunto los delitos"

“Tengo que ser sincero con la sociedad; tal vez sea duro con lo que diga; me están diciendo que no lo diga, pero hay un plan y tengo un diagnóstico. Sabemos que tenemos fallas, pero acá hay 400 personas que tenemos detectadas, que si no quedan presos cuatro o cinco años no va a cambiar nada”. De esta forma, el gobernador, José Alperovich, se explayó por primera vez en cuanto a la problemática de la inseguridad en la provincia, en momentos en que la Policía encaró cambios institucionales para tratar de revertir la ola delictiva.
“Si estas personas no quedan permanentemente presas, no habrá salida para la sociedad. No digo que la Justicia no actúa, sino que tenemos que trabajar juntos. Todos le echan la culpa al Poder Ejecutivo, y tenemos mucha culpa, pero se necesita el acompañamiento de los otros poderes, el Judicial y el Legislativo”, indicó Alperovich.
Al respecto, el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, hizo hincapié en la necesidad de apoyo de la Legislatura y advirtió que sería importante introducir cambios en el Código Procesal Penal de la provincia. “Nosotros debemos atacar en conjunto los delitos que más sensibilizan a la sociedad. Si hay personas detenidas por robos agravados, no pueden recuperar la libertad a los dos días”, indicó el funcionario. Por eso, indicó, se podría reformular el Código en cuanto el tiempo de detención de una persona.
Alperovich reforzó sus conceptos. “Como el delincuente sabe que estará sólo dos días, le conviene más robar. Quiero tolerancia cero; porque si a los delincuentes que tenemos detectados los tenemos cuatro años en la cárcel, mejoraremos en un 70% la seguridad”, dijo. “Estamos trabajando en un plan; tengo visto el problema; en la próxima gestión, con una Legislatura que me acompañe, le pediremos ayuda al Poder Judicial”, agregó. Como para que quede en claro, el gobernador continuó dando su opinión. “Quiero que todos nos ayuden; que esto no sólo quede en manos de la Policía. Sabemos dónde están los desarmaderos, quiénes son los dueños. Tucumán no es grande, pero sin penas grandes seguirán delinquiendo”, dijo. “Si pongo presos a los dueños de los desarmaderos, no podrán vender celulares, ni estéreos, y no les convendrá. Hay muchas cosas que cambiar en la sociedad, estamos trabajando fuerte porque estoy preocupado”, apuntó.
Finalmente, Alperovich dijo: “quiero que entienda la sociedad, que no sólo es culpable el PE, que la Policía tiene errores; no es que la quiera defender, pero si no hay acompañamiento de todos, no se podrá hacer mucho”.
López Herrera, por su parte, dijo que están en marcha planes de capacitación y modernización para la Policía. “Pero esto va a llevar tiempo. Por eso es que avanzamos ahora en una reestructuración, y salimos a hacer operativos con otras dependencias del Estado. No podemos dejar que, además, quienes revenden los productos robados trabajen con impunidad”, indicó el funcionario. “Todos tenemos que actuar como corresponde, y es por eso que se pide la colaboración de todas las partes interesadas”, agregó López Herrera.
El sinceramiento del Gobierno se da en medio de una crisis de inseguridad, sustentada por asaltos cometidos en el radio céntrico, que produjo críticas de distintos sectores de la sociedad.
Ayer, el jefe de Policía, comisario general Hugo Sánchez, anunció que se realizaron cambios en dependencias estratégicas de la fuerza (ver Los cambios...) para tratar de revertir la situación, tal como lo había anticipado LA GACETA. “Vamos a seguir trabajando para tener una provincia más segura. Todos los miembros de la Policía saben que deben poner su máximo esfuerzo en esto. De otro modo no voy a dudar en desplazar a quien no esté de acuerdo con esta premisa”, indicó el funcionario. “Vamos a ser inflexibles con esto”, finalizó.


Una necesidad imperiosa
Antonio Bustamante (presidente del Colegio de Abogados)
Es muy importante que intervengan y que tengan una relación fluida los tres poderes del Estado. Pero, desde el punto de vista de la libertad de aquellos que están aprehendidos, la Justicia cumple las normas vigentes. El Ejecutivo y el Legislativo son los que están más cerca de buscar algún tipo de solución para la prevención y la lucha contra el delito. Tienen los resortes necesarios como para acusar recibo del reclamo de la sociedad: que haya más seguridad en la provincia.
Una de las herramientas es que el cambio de legislación tenga los suficientes contrapesos: buscar la seguridad con el resguardo de las garantías y de los derechos individuales tanto de la víctima como del victimario es una desafío que hoy se torna un necesidad imperiosa. Porque no puede haber un desarrollo normal de la sociedad sin seguridad.

Poner énfasis en la educación
Eduardo Fernández (pte. del Colegio de Abogados del Sur)
La solución para el problema de la inseguridad, que afecta a toda la provincia, no pasa por dotar de mayor dureza a las leyes. Es la inversión en educación lo que va a generar una gran reducción de los índices delictivos que se registran en Tucumán.
Hay que poner énfasis, principalmente, en el sistema educativo. Porque cuando se hagan más escuelas y se brinde una mayor educación habrá menos casos delictivos.
Además, esta situación exige que todos los sectores, políticos y sociales, decidan comprometerse seriamente en el debate por la seguridad. Todos debemos ver en qué está fallando el sistema que rige la sociedad para poder revertir estos hechos.
Este será un debate que algún día no sólo tendremos que realizar los tucumanos, sino también todos los argentinos.

Legislación de la coyuntura
Rodolfo Burgos (abogado constitucionalista)
La Corte de Estados Unidos tiene una frase para casos como estos. Dice siempre: “no se puede quemar la casa para asar el cerdo”. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos atentando contra los principios esenciales del ser humano. La inseguridad tiene que ver con cosas mucho más profundas, como la exclusión, y no con la cantidad de tiempo que pase alguien preso.
Todas estas medidas son efectistas y está demostrado que no sirven. La presunción de inocencia debería regir por encima de cualquier medida punitiva, siempre que no se entorpezca la investigación y sin que se evada a la Justicia. Esos son los únicos requisitos con los que se puede entender el encarcelamiento preventivo. Seguimos sancionando legislación que tiene que ver con la coyuntura; se están llenando las cárceles con detenidos en prisión preventiva, y eso es grave.

Optar por la libertad
Gilda Pedicone de Valls (decana de Derecho de la Unsta)
Uno siempre debe preferir la libertad. Puesto en la duda sobre si una persona es mejor detenida o libre, uno opta por la libertad. Si los tiempo para reunir pruebas en un hecho son escasos, no se puede privar a la gente de la libertad. Porque, con esto, se puede incurrir en excesos.
Con las propuestas de Juan Carlos Blumberg se pusieron en una caja miles de elementos que no tienen coordinación unos con otros. Y si uno se equivoca en el diagnóstico tiene serias posibilidades de equivocarse en la solución.
En estos casos no se puede improvisar de un momento para otro, ni actuar de acuerdo con lo que dicta el corazón. Las palabras de los fiscales y de los jueces son muy importantes, y deben ser escuchadas. Si ellos están viendo que hay problemas con los plazos hay que darles más recursos, pero no privar a la gente de la libertad.

Profundizar la política del PE
Daniel Heredia (legislador justicialista)
Hay que continuar y profundizar la política de seguridad del Ejecutivo con la reestructuración de la Policía. Con esto buscamos que entre un 60 % y un 70 % del personal haga tareas efectivas en la calle. Además, queremos lograr la descentralización de la fuerza.
Hemos presentado un proyecto, que ya tiene despacho de comisión, que propone la creación de fiscalías jurisdiccionales. Es necesario que haya fiscalías trabajando en todo el territorio, en distintos puntos de la ciudad y de la provincia, para que sus titulares tengan un verdadero conocimiento del mapa del delito, como se está haciendo en Buenos Aires. Además, consideramos que tiene que haber interrelación, un trabajo conjunto entre los distintos poderes del Estado en reuniones permanentes. Y los ciudadanos también tienen que ser controladores del sistema de seguridad.

Una materia fundamental
Ernesto Padilla (legislador de Recrear)
En ningún lugar del mundo se permite que el poder que tiene que garantizar la seguridad tome medidas espasmódicas con respecto a este problema. Pero es lo que pasa en la provincia. Lo único que se hizo en Tucumán fue llegar a que haya 8.000 policías y conseguir elementos de transporte y comunicación, pero no hay un plan de seguridad de largo plazo. Se busca atender la emergencia con declaraciones rimbombantes.
No se confeccionó un mapa del delito para saber cuáles son las zonas en las que hay que trabajar en la prevención. El gobernador no tiene que ser tan elíptico, sino acusar. Que diga quiénes son los responsables de que 400 delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra. Desde que asumió, Alperovich reconoce que la seguridad es una materia pendiente, sin darse cuenta de que es una materia fundamental.

Los principales cambios en la Policía
 El comisario mayor René Aguirre será jefe de la Dirección General de Investigaciones.

 El comisario principal Luis Roberto Ibáñez será jefe de la Dirección de Patrulla Urbana.

 El comisario Félix Romano será segundo jefe de la Dirección de Patrulla Urbana.

 El comisario inspector Víctor Pacheco será jefe del Comando Radioeléctrico.

 El comisario inspector Julio López será jefe del Departamento Personal (D1)

El comisario José Luis Salas será el jefe
de la seccional 1a.

El comisario Roque Sánchez será segundo jefe de la
seccional 7a.

 El comisario principal Raúl Ferreyra seguirá siendo subdirector de Investigaciones.