El imperio de la nada en la provincia de la impunidad

A diario se multiplican las sospechas de que se manejan como si fueran privados los recursos públicos, pero los poderes del Estado no piden ningún tipo de explicación.

“Pienso que no sólo la arrogancia (...), y la tristeza (...) han de originarse en la pereza, sino todos los demás males de las naciones hispanoamericanas. Pereza de la sensibilidad y la imaginación es la falta de ideales. Pereza de la voluntad, la falta de iniciativas prácticas. (...) Pereza en el ejercicio de los derechos y deberes políticos, las ridículas parodias de democracia”. Carlos Octavio Bunge, “Nuestra América”.

Nada.
En Famaillá, la Municipalidad actualizó una deuda y la incrementó un 270% sin especificar criterios, índices, cálculos, controles. Compromisos impagos por $ 750.000 devinieron pasivo de $ 2 millones. Y pasa nada.
Algunas de esas deudas, pretende la intendencia, vienen de la gobernación bussista. Y la gestión alperovichista decidió aportar los mentados $ 2 millones para saldarlas justo 12 semanas después de la costosa elección de convencionales constituyentes, y justo cuando la asamblea reformadora, tan cara para los tucumanos, metía manos en la Carta Magna provincial. Y pasa nada. Absolutamente nada.
Ahora, sale a la luz que las autoridades famaillenses no hicieron con los $ 2 millones lo que dijeron que iban a hacer. El intendente, José Orellana, refrendó el decreto municipal 738/05, que lleva adjunto el listado de acreedores a quiénes se les iban a cancelar las deudas. Para eso, el gobernador, José Alperovich, firmó el decreto 1.413 el 18 de mayo pasado y otorgó el millonario aporte financiero reintegrable. Se hizo efectivo 12 días después, por medio del libramiento de pago 09486. Sin embargo, hay empresas que figuran en el listado oficial que, casi un año después, no recibieron un peso. Y pasa nada. Legítimamente nada.
Tanto es así que, ya durante este año, el gobernador fue a respaldar y a abrazar a las autoridades responsables de esta situación. Sucede que el Ejecutivo, lejos de mostrar reparos contra esta clase de manejos, envió mucho -pero mucho- dinero a esa administración del oeste durante 2007: en total, $ 7 millones en 90 días. Una cifra que se dimensiona mejor cuando se advierte que serviría para pagar los sueldos de los municipales de Famaillá durante dos años. De ese dineral, $ 1,6 millón llegó -mediante un cheque librado contra un banco que no es el oficial- 15 días antes de la interna del PJ, celebrada el 1 de abril. Y pasa nada. Nada de nada.
Nadie es llamado a declarar en el marco de cualquiera de las muchas causas abiertas, y luego ampliadas sucesivamente, por denuncias de que los fondos públicos son manejados como si fueran privados. Ninguna comisión especial es formada en la Legislatura para investigar por qué la única lógica del movimiento del erario está dada por la sospecha de que se usan para financiar las aventuras comiciales del oficialismo. Y que esos recursos son sacados de la órbita pública a través de las administraciones municipales y comunales.

Tierra de nadie
Tucumán, en materia de calidad institucional, es tierra de nadie. Y todo el interior es la capital de ese territorio descontrolado. Las municipalidades no están bajo la lupa del Tribunal de Cuentas. Las comunas sí, pero parece no importarles ese contralor: hoy, según los registros del mismísimo Gobierno, uno de cada tres balances de 2006 de las delegaciones rurales sigue sin ser presentado. Y pasa nada. La más contundente nada.
Es más, el secretario de coordinación de Municipios y Comunas, Sergio Mansilla, pidió, mediante un escrito, que se archive una causa en la que está denunciado por no cumplir sus deberes de funcionario. Y dice que la responsabilidad de esos incumplimientos (así los califica) es, exclusiva y excluyentemente, de los comisionados. Luego, nada.
Ni siquiera lo citan como testigo. Ni lo llaman al recinto parlamentario. Nadie lo invita para que ofrezca detalles, por ejemplo, sobre el balance del primer bimestre de 2006 de la comuna de Colombres. Corresponde al período en que se realizó la elección de constituyentes, distante pocas semanas de los comicios de diputados nacionales de octubre de 2005. E indica que, cuando esa comuna adeudaba rendiciones de cuentas por $ 1 millón, recibió de la Provincia otro millón. Nadie lo convoca para que relate por qué hay tantos escándalos por designaciones de personal, al punto que, en cuatro meses, intervinieron la delegación de El Chañar y ya allanaron dos veces a la de Cebil Redondo. Ni para que diga por qué informó a la Justicia que, en 2005, se coparticiparon $ 65,5 millones a municipios y comunas, cuando la Contaduría General de la Provincia detalla que fueron $ 229,1 millones. Ni para que explique, ante todo eso, qué es exactamente lo que coordina su Secretaría.
Salvo por la de unos contados opositores, la pereza embarga toda voluntad de exigir el cumplimiento de la ley. Y la democracia se parece cada vez más a un régimen donde todos son iguales para elegir y ser elegidos, pero en el cual quienes manejan el Estado lucen más iguales que otros. Todo gracias a que Tucumán es la provincia del “sin castigo”. De la negación de la punición. De la impunidad. Lo que entraña malos augurios. Porque, como advierte en “El Malentendido” Albert Camus, “la costumbre comienza con el segundo crimen”. Especialmente en el imperio de la nada. Donde gracias a tanta nada, nada se logra.