La Justicia ya tenía una causa por irregularidades

En 2005, el Tribunal de Cuentas informó la Justicia que en Famaillá había presuntas irregularidades en el pago a proveedores de las retenciones al personal.
Los contadores fiscales advirtieron que, para cancelar deudas con 10 instituciones y comercios, por retenciones de noviembre de 2003 a empleados, se libró un cheque por $ 35.000 a nombre de Juan Nicolás Vázquez, entonces secretario de Finanzas del sindicato municipal. Los técnicos opinan que lo correcto hubiera sido que los pagos se efectúen a cada firma, en lugar de realizarlo totalmente a nombre del gremio.
Precisamente, indicaron que el cheque fue endosado y cobrado por Vázquez. Pero advirtieron que la supuesta firma del sindicalista en el valor difiere en sus rasgos con la que fue inserta en los libramientos. Lo mismo ocurrió -alertaron- con las supuestas firmas del entonces contador general (Alberto Musa) y del entonces secretario de Hacienda (Pedro Yaffa) de la Municipalidad.
Fue justamente para atender deudas con proveedores, a causa de retenciones al personal que luego no fueron desembolsadas, que la Provincia envió $ 2 millones a Famaillá en mayo pasado. Con ese aporte reintegrable debía cancelarse una deuda que, antes de ser actualizada por ese monto, era de $ 750.000. Pero, como LA GACETA reveló ayer, hay acreedores reconocidos como tales en el decreto municipal 738/5, a los que no les saldaron el pasivo.

Notas de auditorías
La auditoría del Tribunal de Cuentas se realizó por la causa que investiga al intendente José Orellana, al secretario de Gobierno, Juan Villafañe, a Yaffa y a Musa por presunta administración fraudulenta calificada.
La pesquisa, que estudió las cuentas bancarias de la Municipalidad desde noviembre de 2003 a mayo de 2004, concluyó con un informe que constó de 24 notas de auditoría.
La nota 1 consigna que se encontró una cuenta corriente de Famaillá en el Banco de la Nación, que no había sido informada por la Municipalidad. Figuran pagos por $ 10.000 a consultores, pero no hay documentación sobre el trabajo final qie realizaron.
La nota 2 advierte que las recaudaciones diarias de Rentas no se depositan en los plazos legales correspondientes. Se indica que lo mismo ocurre con los fondos transferidos por la Provincia, al punto que, a la fecha de la auditoría, el 13% de los recursos recibidos no se habían depositado.
La nota 4 da cuenta sobre pagos por $ 13.000 a comercios, sin documentación respaldatoria.
La nota 6 detalla que la Municipalidad recibe tickets en pago de tasas que están al día, sin que una ordenanza avale la operatoria. Y la 7 dice que la numeración de los decretos no es correlativa con las fechas: el decreto 594 es del 31 de diciembre de 2003, mientras el 646 es de dos días antes. Incluso, hay decretos firmados por funcionarios que asumirían después de la fecha del instrumento.
La nota 8 muestra el pago de $ 12.000 a la municipalidad por parte de una empresa mediante tres cheques: uno terminó en la cuenta de un particular.
La nota 11 observa que en el libro de caja hay registraciones introducidas en medio de otras. Y la 16 detalla 89 gastos de caja, sin documentación respaldatoria, por un total de $ 111.000.
La causa se encuentra en la Fiscalía de Instrucción de la VI Nominación, a cargo del fiscal Pedro Gallo. No fue elevada a juicio.


“Es una de las mejores personas que tengo en el gabinete”, dijo ayer a la prensa el gobernador José Alperovich al referirse al secretario de Coordinación de Municipios y Comunas, Sergio Mansilla. Lo hizo para defenderlo de los planteos judiciales en contra del funcionario, a raíz de la falta de presentación de balances por parte de las delegaciones rurales. “Por supuesto que estoy conforme con él”, acotó.
“Pueden investigar todo lo que quieran a mi Gobierno, porque aquí no se roba”, aseguró el mandatario ante una consulta sobre las investigaciones que realiza la Justicia por el manejo de los recursos públicos. “La plata que se destina a las municipalidades y a las comunas llega a través de cheques; no hay manejo de dinero; los recursos son depositados en las cuentas de los municipios y de las comunas”, indicó.
¿No cree que pueda haber alguna irregularidad?, se le preguntó. “Son 93 comunas y 19 municipios; no le pueden pedir al gobernador que esté en todo esto”, respondió. Y agregó: “no pongo las manos en el fuego por nadie, pero al tipo que meta las manos en la lata se las corto; aquí no se protege a nadie. En mi gestión, si se descubre a alguien robando, yo mismo haré la denuncia penal, para que vaya preso”.
“Lo de Famaillá es político”, dijo Alperovich cuando se le preguntó sobre las denuncias contra la gestión municipal del intendente de esa ciudad, José Fernando Orellana. “Que investiguen a ver si es cierto -prosiguió-, me llama la atención que las denuncias aparezcan antes de una elección; los dirigentes deberían hacer denuncias todos los días, no sólo en una campaña electoral; si no, es para dudar”.