El otoño avanza lentamente. Los ciudadanos esperan definiciones de los hombres que administran el poder.En manos de Eduardo Duhalde está la elección del rumbo político y económico que ubicará al país en una u otra vereda. La disyuntiva es simple: se acuerda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o se sigue el camino de la autarquía. El primer camino implica que se aceptarán nuevos y severos ajustes, con potenciales conflictos de orden social.
La auditoría del FMI en las cuentas de las provincias era una materia pendiente, que no había sido resuelta por ningún ministro de Economía desde Roque Fernández hasta ahora.Sólo la profundización de la crisis dio lugar a que el organismo financiero internacional pueda escarbar en los presupuestos de los estados del interior.
La baja del gasto público y el retiro de los bonos en las provincias son dos puntos clave en la agenda del FMI.Sin embargo, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, cedió ante la presión del sindicato de gobernadores y prometió ayuda para 10 provincias deficitarias, entre ellas Tucumán.
El miedo a la convulsión sociopolítica en esas jurisdicciones y la palabra de Duhalde le torcieron el brazo a Lenicov.
La ruptura con el FMI conducirá a un esquema estatista en lo económico, generando agudas tensiones en el mundo financiero.
Nadie cree que Duhalde pueda oscilar indefinidamente entre esos polos, sin suscitar roces ni antipatías. La decisión de gobernar exige asignar costos en una situación de enorme complejidad.
Los actos gubernamentales ocasionan acciones afirmativas y de rechazo. Según prevalezcan unas u otras, se podrá hablar de éxito o derrota de la Casa de Gobierno.
Esa ley de la política se verificó con el decreto nº 3.535 del Gobierno que se proponía acotar el presupuesto de los Concejos Deliberantes del interior a un 4%.
La reducción de los miembros del gabinete de los intendentes del interior se imponía por esa norma impulsada por el ministerio político.
El saldo de un debate
En la Legislatura se interpretó que el decreto nº 3.535 había caído porque pertenecía a la especie de necesidad y urgencia y no fue ratificado en tiempo oportuno.
Para producir ese resultado, se demoró su tratamiento en dos comisiones. Artífices de esa operación fueron José "Gallito" Gutiérrez y Osvaldo Jaldo.
Hay quienes advierten, con todo, que el texto cuestionado conserva plena vigencia porque no es de necesidad y urgencia. Esos expertos aceptan que el decreto sí modifica la Ley de Municipalidades, al atribuirse el Gobierno facultades propias de la Legislatura.
Desde esa perspectiva, podría ser atacado por inconstitucional ante la Justicia.
Además del aspecto jurídico, hay otro político. La necesidad de recortar fondos estimula la centralización en la toma de decisiones.
Ocurre que los legisladores y los intendentes peronistas del interior se resisten a que se les rebanen cuotas presupuestarias, que derivan en pérdidas de poder en sus comarcas.
El propósito pregonado de hacer menos onerosa la política se empantana en la lucha interna del mirandismo.
La corriente opositora a la disminución del número de comunas rurales -exigencia contenida en el Pacto de la Reforma Política que firmó Julio Miranda con Duhalde- persistirá con sus planes."Gallito" Gutiérrez se siente fortalecido tras aglutinar ayer en Famaillá a políticos de las secciones del este y del oeste.
El discurso oficial de abaratar la política con la reforma constitucional choca con condicionamientos insoslayables. La reelección es el único argumento que no causa discusiones en el mirandismo.
El juez de instrucción Víctor Pérez está otra vez bajo el fuego de la Legislatura.
La denuncia de Ricardo Bussi por la presunta compra de votos de legisladores para aprobar la reforma constitucional se activó el viernes pasado.
Diego Nieva -suspendido en su afiliación por FR- está en la primera fila de los acusados. Y la probanza del presunto enriquecimiento ilícito no es una cuestión sencilla. El hijo de Bussi admitió implícitamente que la causa podría acabar del mismo modo que la de los gastos de bloque: se cerró sin que se esclareciera absolutamente nada. La credibilidad en las instituciones se magulló en esa oportunidad.
Terán acudió a los oficios del abogado Manuel Andreozzi para que asesorara externamente a la Legislatura en este nuevo pleito.
Dos situaciones
El vicegobernador devolvió el oficio del juez que pedía un detalle de las remuneraciones y de las declaraciones juradas de los 27 legisladores que votaron por la reforma.
La tesis de Terán -sustentada en los dictámenes de Andreozzi y del asesor interno Federico Nazur- es que se afecta el fuero constitucional de los legisladores, que protege sus opiniones en el recinto.
Andreozzi había sido contratado en 1994 por la Legislatura, que entonces presidía Julio Díaz Lozano. El letrado sugirió el camino jurídico basándose en que se trataba de "una cuestión similar" a la de aquel año.
Díaz Lozano, curiosamente, promovió una acción en contra de la ley que habilitó los cambios en la Constitución que rige en Tucumán desde enero de1991.
Andreozzi prestó sus servicios a la Cámara en la defensa que hizo de la destitución de la fiscal en lo penal, Joaquina Vermal, tras un dilatado y arduo proceso.
Vermal había interpuesto una acción de amparo en contra del fallo condenatorio, que finalmente prosperó en 1996, cuando la Corte Suprema de Justicia la restituyó en el cargo. En esa sentencia el máximo tribunal respaldó la tesis de que los actos políticos pueden ser revisados por la Justicia.
Quienes comparan las situaciones, advierten que a diferencia del caso Vermal, ahora el juez Pérez actúa para esclarecer si se consumó un delito que indujo a votar de una manera determinada. Es decir, si se compraron votos para votar la reforma.
La cuestión deja de ser académica e interesa vitalmente para preservar la salud de las instituciones.
