La emergencia hospitalaria

Hemos venido informando sobre las características de la crisis en el hospital Centro de Salud. Como es sabido, existe allí una alarmante situación planteada por la falta de elementos fundamentales para una debida atención de los pacientes. Ello se complica últimamente por la tensión entre el director de dicho centro y el Siprosa, organismo este que ha formulado cuestionamientos sobre la administración. Y aquella tensión, desmentida luego a medias, crece por la actitud de la comunidad del nosocomio, que se opone a modificaciones en la conducción, ya que entiende que el problema vital pasa por otro lado.
Más allá y por encima de estos asuntos internos, se encuentra una realidad muy grave y que exige soluciones de urgencia. Sabido es el contexto inquietante que rodea, en la actualidad, a todo lo que se refiera a la salud de la población. La crisis económica general ha determinado una sobrecarga del hospital público sin el correlativo respaldo presupuestario, y eso determina, simultáneamente, que le resulte cada vez más difícil el cumplimiento de su cometido.
De acuerdo con las manifestaciones del personal médico del Centro de Salud, este "se halla virtualmente paralizado". En efecto, los servicios están imposibilitados de funcionar, ya que se carece, dijeron, "de medicamentos y materiales básicos para dar soluciones a los pacientes". El director expresa que el poco dinero que recibe lo destina a comprar insumos para los pacientes más graves, y que hasta debió endeudarse para realizar cirugías cardiovasculares. El defensor del Pueblo, por su parte, comprobó que la buena voluntad del personal se estrella contra el hecho de que "no sólo no tienen drogas, anestesia ni bisturíes, sino que hasta les faltan jeringas descartables", lo que, en otro orden, pone a los médicos ante el riesgo de enfrentar, en el futuro, acusaciones judiciales por mala praxis.
Tal es el panorama que debe manejarse en los actuales momentos. Parece ocioso repetir lo que todos sabemos. Esto es, que una responsabilidad fundamental del Estado es atender la salud de la población; como también recordar que dicha responsabilidad es mucho mayor, si cabe, en tiempos tan difíciles como los que atraviesan la provincia y el país.
Entonces, más allá de las polémicas y las tensiones internas (que no hacen sino agravar la realidad existente, lejos de solucionarla) nos parece que el Estado provincial no tiene más que un camino, frente a lo que está ocurriendo con la salud pública. Este consiste en buscar con urgencia los fondos para revertir la presente situación, ello a costa de cualquier sacrificio presupuestario. Es decir que deben practicarse todos los recortes que sean necesarios, en cualquiera de los rubros del gasto público, y canalizar esos fondos hacia la salud.
Porque no deja de sonar a ironía que, mientras un hospital se ve inmovilizado por falta de insumos básicos, se siga discutiendo, por ejemplo, cuántos millones accederá a ahorrar este año la Legislatura.
Al mismo tiempo, debe implementarse un sistema que asegure la llegada de las partidas de fondos con la máxima celeridad posible, y sin complicaciones burocráticas de ningún tipo. A diferencia de muchas otras cuestiones, la salud tiene una característica de apremio, de urgencia, que no es posible soslayar. Un enfermo no puede esperar que se solucionen problemas administrativos, porque el tiempo que ello demore es el que marca la diferencia entre la vida y la muerte, simplemente. De allí que no puede aceptarse que los fondos destinados al funcionamiento del hospital detengan su flujo ni por un momento.
De paso, no es ocioso recordar que, en nuestro país, no se percibe que los interminables controles establecidos por la teoría legal hayan servido alguna vez para evitar la corrupción. Hora es, entonces, de cambiar el sistema, modificando de raíz esa multiplicación de pases y de sellos que constituye la razón de ser de la burocracia administrativa.