Una mirada crítica para modificar políticas que permitan el desarrollo económico de la provincia. El informe de los economistas Hugo Ferullo y Martín Rodríguez Marat sobre "El Estado Provincial y Economía Local" (estudio comparativo de Córdoba, Mendoza, Salta, San Luis y Tucumán) puede inscribirse en ese contexto. Y, además, marca el compromiso de las entidades privadas (en este caso la Federación Económica de Tucumán) en su participación para el diseño de un modelo de Estado y de sociedad.
El diagnóstico de los expertos refleja las decisiones que tomaron los gobiernos que se vienen sucediendo desde 1991. Y el espejo provincial muestra claras diferencias respecto del comportamiento de las finanzas públicas de otros distritos: Tucumán destina el 49% de las erogaciones a la administración gubernamental. Esto no necesariamente marca una tendencia a nivel nacional, como podría argumentarse desde el Gobierno, sino que es una faceta distintiva y casi específica de nuestra provincia, señalan los expertos.
Por caso, basta observar la clasificación del gasto por funciones de San Luis, que destina el 42% de los fondos a la educación, o de Córdoba, Mendoza y Salta que disponen menos del 30% de los gastos para administración gubernamental.
La estructura del gasto en Tucumán es sumamente difícil de reducir, dicen los economistas, y puede llevar inevitablemente al aumento del endeudamiento público o de la (ya elevada) presión fiscal. Esto, a su vez, implicaría la postergación de decisiones de inversión por parte del sector privado -necesarias para generar puestos de trabajo-. Más aún, de acuerdo con el diagnóstico privado, Tucumán no tiene una estructura específica que incentive la llegada de capitales, con regímenes especiales de exenciones impositivas y otros beneficios fiscales. Estos sistemas están mejor desarrollados en las otras provincias que se analizaron.
El ministro de Economía, Jorge Jiménez, dice que actualmente está en estudio un régimen de promoción de inversiones que debe ser consensuado con la Legislatura y con el sector privado. Si bien reconoce que la presión fiscal en la Argentina es elevada, aclara que es poca la diferencia entre las provincias. "No son tan profundas como para cambiar la decisión de inversión", acota.
Según la visión del economista Rogelio Frigerio (n), las provincias deberán apelar a la creación de nuevos impuestos o de aumento en las alícuotas mientras la Nación no resuelva dos problemas estructurales: una mayor asignación de fondos coparticipables y la puesta en marcha de un verdadero plan de obras públicas que disminuya los costos del transporte y rompan las históricas asimetrías regionales. Esas asimetrías, precisamente, son otros de los factores que alejan inversiones, por ejemplo, de esta parte del país.
A excepción de Córdoba y de San Luis (están en el grupo más elevado), Tucumán, Salta y Mendoza se encuentran entre las provincias con nivel medio del índice de desempeño provincial que mide el grado de libertad económica de cada distrito, según la clasificación de la Red Libertad, una institución integrada por otras privadas sin fines de lucro (entre ellas la Fundación del Tucumán). Nuestra provincia se ubica en el lugar 14 sobre un total de 24 jurisdicciones del país, al analizar el desarrollo de la infraestructura, mercado laboral y tamaño del sector público. Estos informes despiertan el espíritu crítico y la ferviente necesidad de un trabajo conjunto entre los sectores público y privado para el desarrollo de políticas que tiendan al desarrollo económico de Tucumán, corrigiendo los errores cometidos en el pasado.