La necesidad de abrir un diálogo sin presiones

El revalúo catastral puso en evidencia dos facetas que resultarán difíciles de conciliar: la pretensión oficial de cobrar más impuestos con las mismas alícuotas y la intención del sector privado, en particular el rural, de querer pagar el mismo tributo que en los últimos años.
Es cierto que no se puede meter a todos los contribuyentes en la misma bolsa, pero también es real que el Estado no puede ni debe seguir incrementando la presión impositiva en aquellos sectores que honran sus obligaciones. Las tradicionales reuniones de fin de año sirvieron como caja de resonancia del reclamo empresarial. Mucho más después de leer ayer las declaraciones del ministro de Economía, Jorge Jiménez, que reveló que hay un hombre del campo cuya propiedad estaba valuada en $ 2,90 y ahora, para el Estado, esas tierras valen $ 900.000.
En esos ámbitos se afirma que los dichos del ministro constituyen la prueba de la incompetencia de los organismos estatales para actualizar las valuaciones fiscales. Más allá de que quienes explotan las tierras no actualizan los datos. Así, los registros catastrales pueden contener propiedades que están a nombre de sus más antiguos poseedores.
Son muy pocos los empresarios que se atreven a decir que pagan un impuesto acorde con el valor real de las tierras que explotan con cultivos que han obtenido buenos dividendos fruto del crecimiento de la economía argentina.
Del otro lado del mostrador, desde el Estado, se afianzan los operativos de control, de fiscalización, de actualización de datos, de multas y de clausuras.
El sector privado tucumano, que acompañó a cuanta gestión pasó por esta provincia, se encuentra abrumado frente a tanta presión oficial. Hay quienes ironizan que el gobernador José Alperovich ha decidido aplicar su política de tolerancia cero contra los empresarios, salvo que sea un vendedor ambulante.
El sector privado sabe que, por más que recurran o apelen las valuaciones actualizadas con el relevamiento efectuado por la Dirección de Catastro, saldrá perdidoso de la discusión. Por esa razón, busca que el Poder Ejecutivo enfoque la discusión hacia una reducción de la presión impositiva global, en donde se analice la necesidad de reducir las alícuotas, una histórica promesa oficial.
Pero, para eso, hace falta que se abra un escenario de diálogo en el que cada sector (pequeños, medianos y grandes) exponga sus inquietudes, algo que por ahora no está entre las prioridades de la Casa de Gobierno.