Se preparan para apelar el auto de procesamiento dictado por Racedo

Ayer, los abogados de los imputados en la causa "Borquez", consultados por LA GACETA, confirmaron lo que parecía obvio: apelarán la decisión del juez federal subrogante Mario Racedo (reemplaza al destituido Felipe Terán en el juzgado número dos) de procesarlos sin prisión preventiva, aunque con diferentes calificaciones legales (ver notas aparte).
Desde Córdoba, Marcelo Brito, abogado de Terán, aseguró que deducirán el recurso, aunque se excusó de opinar sobre la resolución hasta que no la estudie en profundidad. "Discrepo totalmente", se limitó a manifestar.
En realidad, el único de los letrados que se pronunció sobre el auto de procesamiento fue el codefensor del ex magistrado, Ricardo Scheuermann, quien le reprochó a Racedo el haberse enterado por los medios de comunicación sobre el contenido de la decisión. "No utiliza el imperium jurisdiccional para investigar la causa, sino que emplea la causa para engrosar su carrera mediática sin que se sepa qué fines persigue", expresó.
El abogado se quejó de que el lunes, a las 19.50, sólo fue notificado mediante cédula de la parte resolutiva, no de los considerandos de la resolución. Asimismo, lamentó que, también anteayer, Racedo les haya tomado declaración indagatoria a dos testigos (Sergio Lázaro Peppe, director de Auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación, y Eduardo Peró, director de Control y Gestión Judicial del Ministerio de Economía). "¿Con qué objeto hizo esto, de lo que no estábamos notificados, si ya tenía dispuesta su decisión?", preguntó.
Finalmente, Scheuermann advirtió: "Racedo, con su improcedente accionar, está violando las garantías constitucionales del debido proceso, y la defensa en juicio de la persona y sus derechos".

Coincidencia
Los letrados de los otros imputados se limitaron a confirmar que, dentro de los tres días contados desde la notificación, interpondrán el recurso de apelación. Tales fueron los casos de Agustín Ferrari y Luis Acosta, defensores de los también abogados Daniel Martín y Alfredo Ducca, respectivamente.
César Merlo, abogado de Inés Yolanda Borquez y de la hija de esta (Cristina de Fátima Atim), repitió lo que sus colegas. "Estamos totalmente disconformes, porque había que esperar los resultados de unas pericias ordenadas. Apelaremos, inclusive, los embargos trabados contra mis clientes (por $ 500.000 en cada caso)", aseveró.
El procesamiento, según el Código Procesal Penal de la Nación, debe ser dispuesto por el juez después de haberles tomado declaración indagatoria a los imputados y siempre que hubiere elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que aquellos son presuntos responsables de lo que se investiga; en este caso, una presunta tentativa en perjuicio del Estado con títulos de la deuda pública.
Los escritos de las apelaciones luego serán elevados a la Cámara Federal, que, en definitiva, resolverá y fijará, eventualmente, las calificaciones de los imputados.


A Inés Yolanda Borquez la procesaron por considerarla presunta partícipe necesaria de una defraudación en perjuicio del Estado en grado de tentativa y supuesta autora de uso de instrumento privado falsificado, en concurso ideal. El juez subrogante Mario Racedo le imputó haber acompañado certificado de tenencia de títulos públicos adulterado y certificados médicos emitidos entre cuatro y cinco años antes de la interposición de la demanda, a fin de "acreditar una patología que le hubiera permitido ser incluida en las excepciones al diferimiento de pago ordenado por el Estado". "Habría adquirido los títulos públicos horas antes de iniciar la demanda afirmando que los habría adquirido antes del default y habría facilitado su cuenta para que ingresara una cantidad de títulos con posterioridad al dictado de la sentencia cautelar a su favor", dijo.


A Cristina Atim (hija de Yolanda Borquez) la procesaron por considerarla presunta autora de una defraudación en perjuicio del fisco en grado de tentativa y coautora de uso de instrumento privado falsificado en concurso ideal (cuando una misma conducta puede ser subsumida en diferentes figuras penales). "Habría contactado a los letrados (Alfredo) Ducca y (Daniel) Martín; habría puesto a disposición de la acción judicial que iba a iniciarse los títulos públicos que originariamente se encontraban depositados en la cuenta de titularidad de ella y de su marido, transfiriéndolos a la cuenta comitente que poseía junto a su madre. Habría intervenido en la articulación del engaño relativo al estado de salud de su madre... y en la adquisición y depósito de más títulos posdefault con posterioridad a la acción incoada por su madre", afirma la resolución.


A Alfredo Ducca lo procesaron por considerarlo presunto coautor de defraudación contra el fisco en grado de tentativa y de uso de instrumento privado falsificado, así como presunto partícipe necesario de una falsificación ideológica de instrumento público. "Habría habilitado el inicio de la demanda de Borquez con su firma como patrocinante, confeccionando el relato de hechos que conocía como falsos, y tergiversando y acompañando documentación adulterada. Abierto el proceso, habría efectuado numerosas presentaciones solicitando que se aperciba al Estado a que diera urgente cumplimiento de la medida cautelar dictada bajo amenaza de astreintes (sanción pecuniaria) y, con posterioridad, habría intervenido en la confección de un oficio con información falsa a efectos de habilitar la disposición patrimonial del Estado", dice la resolución.


Al abogado Daniel Martín lo procesaron bajo la misma calificación que a Alfredo Ducca (ver "Relato..."). "Habría intervenido en la elaboración de la demanda incoada por Borquez conforme a las siglas ?D.M.? que figuran al final del escrito, colaborando en la confección de un relato de hechos que conocía como falsos y tergiversado, y conociendo que se acompañaba documentación adulterada. Abierto el proceso, habría efectuado numerosos trámites en la secretaría del juzgado a efectos de dar celeridad a la causa ?Borquez?, y luego habría realizado desmedidas gestiones ante el Ministerio de Economía, a fin de obtener el cumplimiento de la medida cautelar dictada; todo ello, no obstante no encontrarse apoderado en la causa", afirma la resolución. También es señalado como facultado para diligenciar el oficio del 9 de mayo de 2005 (ver "Dos...").


A Osvaldo Siseles, ex subsecretario legal del Ministerio de Economía (ME), lo procesaron por considerarlo presunto autor de incumplimiento de los deberes de funcionario. "Teniendo conocimiento de las irregularidades en la adquisición y tenencia de títulos públicos no habría advertido a las dependencias pertinentes (del ME) que no correspondía la dación a embargo de sumas de dinero en tal concepto; no habría permitido la formulación de una denuncia penal ante el conocimiento de la presunta comisión de un delito de acción pública... Y resultaría responsable de no haber señalado la falencia en que habría incurrido la Oficina Nacional de Crédito Público al habilitar el pago de la cautelar incluyendo renta y amortización de capital, cuando la medida sólo preveía el pago de rentas", dice la resolución.


A Felipe Terán lo procesaron por considerarlo presunto coautor de defraudación en perjuicio del fisco en grado de tentativa, y supuesto autor de incumplimiento de los deberes de funcionario y de falsificación ideológica de instrumento público agravado por la condición de funcionario. En relación con el último punto, el juez Mario Racedo puso énfasis en el oficio del 9 de mayo de 2005, mediante el cual se notificó al Ministerio de Economía de la medida cautelar a favor de Yolanda Borquez. "La resolución que se notificó mediante el oficio disponía ?el pago de la renta mensual correspondiente?, en tanto, a través del oficio, se notifica la orden de ?depositarse todos los intereses y capital vencido al día de efectuarse el cumplimiento de la medida... Terán fue el signatario de los dos instrumentos", dijo Racedo.