Empleados descargaron en el ex juez Terán responsabilidades

Los empleados del juzgado federal número dos descargaron responsabilidades en el ex titular de ese despacho, Felipe Terán, cuando -entre el viernes y el lunes- declararon como testigos en la "causa Borquez". En esta, Terán es uno de los seis imputados por una presunta tentativa de defraudación en perjuicio del Estado nacional con títulos de la deuda pública.
A la prosecretaria de la Secretaría Civil, Marta Nazario de Parache, el fiscal federal Carlos Brito la interrogó acerca de por qué el 19 de agosto de 2005 le habían facilitado fotocopias del expediente ("Borquez, Inés Yolanda c/Estado nacional s/inconstitucionalidad") al abogado Daniel Martín (otro de los imputados), pese a que quien las había solicitado era Alfredo Ducca, también imputado.
Cabe recordar que Ducca sostiene que él patrocinó a Inés Yolanda Borquez en la demanda contra el Estado nacional por la normativa que pesificó los bonos tras la declaración de default (cesación de pagos) de diciembre de 2001. La mujer, por el contrario, asegura que, además de no conocer a Ducca, firmó una demanda ante Martín -no es la que consta en el expediente- y manifiesta que creía que Martín iba a ser su patrocinante.
Nazario habría dicho que no recordaba exactamente el hecho, pero luego habría aclarado que jamás disponía unilateralmente de una decisión así y siempre consultaba con sus superiores, la entonces secretaria civil del juzgado, Marta Caporaletti y el propio Terán. "Ellos tenían en caja fuerte y en custodia todos los expedientes relacionados con la inconstitucionalidad del decreto 471 (dispuso la pesificación)", habría aseverado.

Indicaciones precisas
A su turno, Alejandra Morán (cumple funciones de relatora) habría expresado que, por solicitud del ex juez y basándose en otras similares, elaboró el proyecto de la resolución por medio del cual el 23 deciembre de 2004 se ordenó al Estado nacional que se abstuviera de pesificar (a $1,4 más CER) los títulos públicos depositados en la cuenta de Borquez. "Por instrucciones de Terán fueron agregadas al proyecto las razones de salud (de la mujer) que justificaban la urgencia del dictado de la medida", había expresado.
Lo que habría manifestado Morán dejaría malparado a Terán. Ocurre que antes que la relatora, cuando fue citado a declarar como testigo ante el juez subrogante Mario Racedo, el médico santiagueño Domingo Vera afirmó que nunca había atendido a Borquez, pero reconoció que el certificado de salud que figuraba en el expediente habría sido confeccionado por él, pero en relación con otro paciente. Lo mismo testimonió Nora Brandoni, otra profesional de la salud de la vecina provincia.
Los certificados figuran en la causa promovida contra el Estado a nombre de Borquez (una pericia demostró que no pertenece a ella la firma que figura en la demanda). Ocurre que la normativa preveía excepciones contra el diferimiento de pago (y contra la pesificación) para quienes acreditaban que su vida o su salud corría peligro.