¿Consejo o "Konsejo" de magistrados?

El Consejo de la Magistratura de la Nación es clave para la salud institucional. Concursos mediante, selecciona ternas vinculantes de postulantes para cubrir cargos en la Justicia Federal. Y, además, suspende a los jueces y los somete a un proceso de destitución cuando considera que incurrieron en mal desempeño. Por ello, es tan importante lo que sucederá mañana, cuando elijan las autoridades de este peculiar órgano, nacido como consecuencia de la reforma constitucional de 1994 y calificado como extrapoder, porque está situado incómodamente al margen de los tres poderes.
Mañana comenzará a hacerse sentir la kirchnerista Ley 26.080. Esta agria norma dinamitó el equilibrio que el artículo 114 de la Constitución sugiere que debe haber en el Consejo entre los representantes de los legisladores, de los jueces y de los abogados. Hasta el jueves, a este órgano lo integraban 20 consejeros: los magistrados, los diputados, los senadores y los letrados contaban con cuatro delegados; los académicos del Derecho, con dos, y el Poder Ejecutivo, con uno. Todos, bajo la presidencia del titular de la Corte Suprema, porque el Consejo, aunque con funciones específicas, opera en la órbita del Poder Judicial.
So pretexto de que se había convertido en un elefante burocrático, el kirchnerismo rebanó al Consejo (desde el viernes se redujo de 20 a 13 miembros) y desajustó aquella armonía, en desmedro de los abogados. Ahora, diputados, senadores y jueces tendrán tres representantes cada uno; los letrados, sólo dos, y los académicos y el Ejecutivo, uno en cada caso. Las matemáticas son sinceras: de 13 consejeros, siete son políticos. Y no cualquiera. Por el oficialismo, por ejemplo, están el diputado Carlos Kunkel, cuya tenacidad el destituido juez federal Felipe Terán conoce bien; y Marcela Losardo (representa al PEN), nada menos que viceministra de Justicia. Y los de la oposición no son precisamente inofensivos: el diputado Federico Storani y Ernesto Sanz, titular del bloque radical de senadores.
Como el titular de la Corte ya no preside el Consejo, mañana habrá que elegirlo. Los jueces entienden que a ellos, naturalmente, les corresponde el cargo. Pero no está claro a cuál sector de ellos. La Lista Bordó, que tendrá dos representantes en el órgano, ya llama presidente a Luis María Cabral, pero la Celeste pretende que todo sea postergado hasta después del 28, cuando habrá elecciones en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional. Si ese sector gana, buscaría que el titular sea Luis María Bunge Campos. Y los abogados amenazan con no apoyar a un juez, porque entienden que el órgano no puede reducirse a mero consejo de pares, con jueces desprestigiados resolviendo la suerte de sus colegas. Los políticos sonríen, porque, con preponderancia aritmética, pueden desequilibrar aún más las cosas .
Luego de elegir al presidente (tiene la posibilidad de desempatar), los consejeros deberán conformar las comisiones; entre ellas, la de Acusación y Disciplina, que interesa particularmente a Tucumán por el sumario en marcha contra el juez federal Jorge Parache. A este debe tranquilizarlo la mayoritaria presencia política -en particular, la radical-, porque siempre es preferible lidiar con dirigentes que con causas penales, como la que lo espera (“Taranto”) por presunta tentativa de defraudación contra el Estado con títulos públicos.
El fiscal Carlos Brito, pronto despacho mediante, recordó al juez subrogante Mario Racedo que debe resolver si citará a Parache para que declare como imputado. Racedo, antes, quiere asegurarse de que, por la fecha de supuesta comisión del delito, es el competente para hacerlo. Además, el Consejo tiene que ratificarlo hasta que sea cubierta la vacante generada por la destitución de Terán. Hasta para esto puede importar lo de mañana.