De visita en el Ministerio de Economía

Quienes pensaban que con la remoción de Felipe Terán se había escrito el último capítulo del drama de la Justicia Federal -sí, porque lo es para la sociedad- se equivocaron. La próxima semana, el juez federal subrogante Mario Racedo (reemplaza a aquel) resolverá la situación procesal de los seis imputados por la ya, a estas alturas, increíble “causa Borquez”.
Es casi seguro que Terán volverá a hacer historia, porque podría convertirse en el primer ex juez federal de Tucumán en ser destituido y procesado penalmente por tentativa de defraudación contra el Estado con títulos de la deuda pública. Y, encima, a sólo un mes de haber sido encontrado responsable de mal desempeño por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Eso sin contar que ya fue citado a declarar como imputado -por el mismo cargo- en la “causa Camandona” para el 27 de diciembre.
Terán, que ya no cree en la Justicia de los hombres, según sus palabras, no obstante, deberá seguir recorriendo los tribunales de los mortales, incluso en Navidad y por un racimo de expedientes. Porque hay que sumar la denuncia que él mismo formuló por presunta extorsión contra los diputados peronistas Gerónimo Vargas Aignasse y Manuel Baladrón, y la que el primero de los parlamentarios concretó en su contra por supuestas injurias. A propósito de Vargas Aignasse, el juez Rodolfo Canicoba Corral ya dispuso que sea desgrabado el casete que Terán presentó de la conversación en la que, según su versión, el parlamentario le habría ofrecido un acuerdo para que Baladrón votara por su absolución en el Jurado de Enjuiciamiento. ¡Ay si se confirmara que es su voz la que habla con tanta familiaridad de un tal Manolo (sería Baladrón)! Más allá de los eventuales avatares procesales, podría ser el principio del fin de su joven carrera política. Un tucumano conocedor de los recovecos del Congreso suele razonar con ironía: “todo está bien y permitido hasta que quedás en evidencia. Entonces, hasta tus aliados reclaman transparencia y que los hechos sean esclarecidos hasta las últimas consecuencias”.

Salida, pero en auto
La semana pasada, Racedo y el fiscal federal Carlos Brito no estuvieron precisamente de visita en Buenos Aires. Volvieron convencidos de que de las maniobras que hoy investigan participó alguien del Ministerio de Economía. Dos datos abonan esta hipótesis.
En primer lugar, en esa cartera les informaron que uno de los abogados que están imputados en la “causa Borquez” tiene alrededor de 27 visitas registradas entre 2004 y 2005 en esa dependencia. Esta era, en definitiva, la que debía cumplir con las medidas cautelares de los jueces (Terán y Jorge Parache), que intimaban al erario a que se abstuviera de pesificar (a $ 1,4 más CER por dólar) los títulos depositados en la cuenta de un determinado demandante. Lo curioso es que, según el sistema de control con tarjetas magnéticas que entregan a los visitantes, el letrado no tiene la misma cantidad de egresos registrados. Esto implicaría que, en una ocasión por lo menos, habría salido por otra puerta o en un auto, con algún funcionario. O sea.  
El segundo elemento es la velocidad con la que, en las causas en que sucedió, algunos abogados se enteraron de que la Oficina Nacional de Deuda Pública -la encargada de determinar cuánto había que pagar porque las cautelares no especificaban un monto- ya había librado los fondos en custodia de la Caja de Valores S.A. Por ejemplo, conviene recordar que en la “causa Taranto”, el fiscal Brito requirió que Parache sea citado a declarar como imputado no ya por una supuesta tentativa -como en el caso de Terán-, sino por una presunta defraudación porque, como consecuencia de una orden suya, la Caja de Valores (custodia los títulos) depositó en la cuenta de Antonio Taranto $ 1,3 millón, pese a que los títulos habían ingresado a la cuenta entre el 22 y el 28 de octubre de 2004, es decir, después del “default” (la demanda contra el Estado había sido deducida el 26 de octubre). No está demás decir que el viernes se cumplirán 30 días desde que Brito pidió que Parache fuera citado, cosa que aún no sucedió.
Tamaña confianza con alguien de Economía es lo que explicaría por qué en la inefable “causa Borquez” un abogado llegó a contestar una providencia -también vinculado a una medida cautelar- un día antes de que oficialmente fuera emitido el documento. Increíble.