El abogado Morales denunció que fue amenazado de muerte

Gustavo Morales, abogado de las dos únicas imputadas por la desaparición de la docente Beatriz Argañaraz, denunció hoy ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que recibió amenazas de muerte.

El letrado, que defiende a las ex novicias Susana Acosta y Nélida Fernández, presentó una nota ante el ministro fiscal del alto tribunal, Luis de Mitri, en la que advirtió que él y su familia corren peligro.

El abogado explicó a Télam que en el domicilio de sus padres recibió una bolsa plástica, dentro de la cual había un sobre con una nota en la que decía: "Dr. Morales por la sangre de Betty (así le decían a la maestra) sos cadáver".

"No es un hecho aislado y tengo motivos para sospechar de Ernesto Baaclini, con quien hoy me crucé en los pasillos de Tribunales y me insultó. El sería el autor intelectual de esto. Hace 15 días ya me habían panfleteado", destacó Morales.

Télam intentó infructuosamente comunicarse con Baaclini, ex secretario de la fiscal Adriana Giannoni -lleva adelante la investigación-, que ayer fue trasladado a la sala II de la Cámara Penal por pedido de Morales, que lo acusó de ser, en los hechos, el fiscal que llevaba las actuaciones.

Liliana Argañaraz, hermana de la desaparecida, lamentó que Baaclini haya sido apartado de la causa y señaló a la prensa: "no entendemos por qué pasó esto si la actuación del secretario había sido correcta. Si fue otra maniobra de Morales, nos parece un punto en contra de la investigación".

Como consecuencia del desplazamiento de Baaclini, resuelto por la Corte Suprema de Justicia a pedido de De Mitri, la fiscal VIII de Instrucción, Giannoni, que investiga el caso Argañaraz, es secundada desde ayer por la abogada Norma Díaz Volachec.

Las desavenencias entre Morales, que ante la propia Corte denunció en varias ocasiones a Baaclini y a Giannoni, y el secretario se habían agudizado la semana pasada, cuando fue anunciado el agravamiento de la imputación de Acosta y de Fernández (privación ilegítima de la libertad y ocultamiento de persona).

La nueva secretaria judicial (Díaz Volachec) participará de las pericias caligráficas a 50 personas, que comenzaron ayer, para determinar quién falsificó la firma de Acosta en el libro de registro del colegio Padre Roque Correa el 31 de julio y el 1 de agosto, cuando se produjo la desaparición de Argañaraz.

Las pericias tienen por objetivo demostrar que Acosta no concurrió a clases el 31 de julio, día desde el que no aparece Argañaraz, ni el 1 de agosto, cuando Argañaraz debía asumir la dirección del establecimiento, pese a que figura como si lo hubiera hecho.

La pista en la que trabaja con firmeza la fiscal Giannoni es la de alguna diferencia laboral entre las imputadas y Argañaraz, que estaba a punto de ser nombrada directora del colegio Padre Roque Correa, en el que trabajaba junto a Acosta (es secretaria) y con cuya área de pastoral colaboró Fernández años atrás.

Leonardo Coria y Carlos Picón, abogados de la familia Argañaraz, sostienen que la docente habría descubierto irregularidades en el manejo de fondos en el colegio, que habrían involucrado a las imputadas, lo que habría sido el móvil de la desaparición de la docente.

La hipótesis fue ratificada hace un mes y dos semanas atrás por el testimonio de una amiga de Argañaraz, Carolina Fernández, según la cual, la docente, aunque sin dar nombres, le había manifestado: "son unas víboras, quieren serrucharme (sic) el piso".

Argañaraz tenía domicilio en El Manantial (localidad ubicada en la periferia de la capital) y hace más de 60 días, poco después de las 6, salió de su casa, para tomar un ómnibus de la línea 103, en el que va todos los días a su trabajo, pero no llegó a destino. (Télam)