Por Redacción Política
26 Septiembre 2006
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BUENOS AIRES.- Durante su extenuante declaración de casi dos horas, el director de Auditoría de la Procuración del Tesoro, Sergio Lázaro Peppe, fue contundente en dos ocasiones. “En los años que llevo, nunca vi algo como esto, y eso que desde 1991 ocurrieron cosas en varias jurisdicciones. Hay demasiados elementos concurrentes (en referencia al juez, a los abogados del Estado y a los letrados particulares), y si cualquiera de ellos hubiera actuado como correspondía esto no habría ocurrido”,dijo.
En agosto de 2005, el funcionario encabezó las auditorías efectuadas en los dos juzgados federales de Tucumán que derivaron en actuaciones contra los magistrados Felipe Terán y Jorge Parache en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Peppe precisó que, alertados sobre la posibilidad de irregularidades en reclamos judiciales contra el Estado en causas vinculadas a títulos públicos, analizaron unos 120 expedientes. “No teníamos por objetivo concretar un sumario, actuar como fiscales ni juzgar a los magistrados; pero tuvimos que hacerlo, porque, para medir el desempeño de los abogados del Estado, había que identificar los factores que podían alterar su desempeño”, explicó y subrayó que, sumados, los bonos por los que se reclamaba al Estado en una decena de causas radicadas en Tucumán significaban 7,8 millones de dólares.
“Además, la Oficina Nacional de Deuda Pública (del Ministerio de Economía) nos informó que en siete juicios el grueso de los títulos (de los demandantes) había sido adquirido entre septiembre y octubre de 2004, después del default. Este era otro indicador de que estábamos en presencia de algo muy extraño. Si hubieran sido tenedores originarios de los títulos no habrían esperado hasta 2004 para accionar contra el Estado”, conjeturó.
En definitiva, el funcionario defendió su tesis de que la concurrencia de factores que puede haber favorecido las irregularidades. “Una vez, es un error; dos, casualidad, pero tres significa que algo estaba funcionando mal”, concluyó.
En agosto de 2005, el funcionario encabezó las auditorías efectuadas en los dos juzgados federales de Tucumán que derivaron en actuaciones contra los magistrados Felipe Terán y Jorge Parache en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Peppe precisó que, alertados sobre la posibilidad de irregularidades en reclamos judiciales contra el Estado en causas vinculadas a títulos públicos, analizaron unos 120 expedientes. “No teníamos por objetivo concretar un sumario, actuar como fiscales ni juzgar a los magistrados; pero tuvimos que hacerlo, porque, para medir el desempeño de los abogados del Estado, había que identificar los factores que podían alterar su desempeño”, explicó y subrayó que, sumados, los bonos por los que se reclamaba al Estado en una decena de causas radicadas en Tucumán significaban 7,8 millones de dólares.
“Además, la Oficina Nacional de Deuda Pública (del Ministerio de Economía) nos informó que en siete juicios el grueso de los títulos (de los demandantes) había sido adquirido entre septiembre y octubre de 2004, después del default. Este era otro indicador de que estábamos en presencia de algo muy extraño. Si hubieran sido tenedores originarios de los títulos no habrían esperado hasta 2004 para accionar contra el Estado”, conjeturó.
En definitiva, el funcionario defendió su tesis de que la concurrencia de factores que puede haber favorecido las irregularidades. “Una vez, es un error; dos, casualidad, pero tres significa que algo estaba funcionando mal”, concluyó.
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