"Las maniobras especulativas se hicieron a espaldas de mi cliente"

BUENOS AIRES.- Cuando terminaron los testimonios, el juez Felipe Terán se excusó de hablar con LA GACETA, no así su principal abogado, Francisco J. D’Albora (h). Este aseveró que las supuestas maniobras especulativas fueron cometidas a espaldas de su cliente. Por ello, cargó tintas sobre los letrados del Estado, sobre la auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) e, inclusive, sobre la Cámara Federal de  Apelaciones de Tucumán. Asimismo, con optimismo, anticipó que el viernes, cuando llegue la hora de los alegatos, cambiará radicalmente el panorama, lo que, según su visión, hasta tendrá efectos en la causa penal, que también le siguen a Terán en Tucumán por presunta participación en una tentativa de defraudación contra el erario.  
A los primeros que D’Albora (h) fustigó fue a los abogados que defendían al Estado en Tucumán en las causas judiciales en que particulares reclamaron contra la normativa que pesificó los títulos públicos tras la declaración de “default”, de 2001. “No adoptaron los mínimos recaudos para la defensa de los intereses nacionales”, dijo.
Ayer declararon ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación Sergio Lázaro Peppe, Guillermo Alfredo García y Luis Lefevre, todos de la PTN, que durante agosto de 2005 auditaron los juzgados federales de Tucumán (también el de Jorge Parache). Después de haberlos escuchado, el defensor de Terán no dudó: “la auditoría contiene gravísimos errores”. “Hay que investigar esta maniobra realizada a espaldas del órgano jurisdiccional (lo encabeza Terán), y determinar si hubo alguna connivencia entre grupos de abogados y funcionarios del Estado. El juez se ajustó a lo que figuraba en el expediente, donde no constaba la información que posteriormente fue añadida”, manifestó.
D’Albora (h) destacó en todo momento que quien denunció o puso en conocimiento de los hechos (al fiscal federal Carlos Brito, que llevó la investigación penal) fue Terán. “Esto no lo hicieron ni los abogados de la PTN ni los del Ministerio de Economía de la Nación, pese a que estaban obligados a hacerlo, por lo que habría que ver si esta omisión no debería ser revisada penalmente”, subrayó.
Finalmente, el abogado defensor apuntó contra la Cámara Federal. “Durante los alegatos probaremos que las resoluciones dictadas por Terán se ajustaban a los criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, de las principales Cámaras de Apelaciones del país, y a los de la propia Cámara de Tucumán hasta que esta última, desesperadamente, cambió de criterio cuando mi cliente fue sometido a un sumario (ante el Consejo de la  Magistratura) y posterior proceso de destitución”, concluyó.